El Gobierno prepara un régimen de “impuesto cero” para las inversiones en rutas nacionales
La iniciativa será enviada al Congreso y busca atraer capital privado para acelerar obras y mantenimiento. El esquema prevé eliminar impuestos nacionales y sumar exenciones provinciales y municipales, aunque para esto último deberá conseguir el respaldo de gobernadores e intendentes.
El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para establecer un régimen de “impuesto cero” para las nuevas inversiones destinadas a rutas nacionales concesionadas, en el marco del proceso de transferencia al sector privado de buena parte de la infraestructura vial del país.
La iniciativa fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. El funcionario explicó que el objetivo es reducir los costos de las inversiones y acelerar las obras previstas en los corredores viales.
“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, señaló Caputo.
El esquema alcanzaría inicialmente inversiones vinculadas con unos 6.000 kilómetros de rutas nacionales que serán incorporados a las próximas etapas del programa de concesiones. El Ejecutivo prevé continuar ampliando el sistema privado sobre una porción todavía mayor de la red vial.
El proyecto contemplará directamente la eliminación o exención de tributos nacionales. Sin embargo, el Gobierno no puede disponer por sí solo la supresión de impuestos provinciales y tasas municipales, por lo que necesitará acuerdos con gobernadores e intendentes para completar el esquema de carga tributaria cero.
Caputo se mostró confiado en obtener ese respaldo y sostuvo que las provincias comparten la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructura vial.
La medida forma parte de la estrategia oficial para reemplazar progresivamente el financiamiento estatal de las obras por inversiones privadas recuperadas principalmente mediante concesiones y peajes.
El Gobierno ya avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A. y adjudicó diferentes etapas de la Red Federal de Concesiones. En una de las últimas rondas se asignaron ocho corredores por un plazo de 20 años, que abarcan alrededor de 3.900 kilómetros en distintas provincias.
Según Economía, con las adjudicaciones realizadas hasta el momento ya fueron asignados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes a corredores por los que circula aproximadamente el 80% del tránsito vial del país.
Los contratos trasladan a los concesionarios privados las tareas de operación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, bajo el sistema de concesión de obra pública por peaje.
El anuncio se produce en medio de cuestionamientos por el deterioro de distintas rutas nacionales y por la reducción de la inversión pública vial. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las partidas destinadas al mantenimiento de rutas nacionales tuvieron una caída real cercana al 60% entre 2023 y 2025.
Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo apuesta a que la combinación de concesiones, reducción de impuestos y participación privada permita acelerar la recuperación de la red sin incrementar el gasto público.
La discusión, sin embargo, tendrá dos escenarios: primero el Congreso, donde deberá aprobarse el régimen tributario nacional, y luego las provincias y municipios, cuya adhesión será necesaria para que la prometida carga de “cero impuestos” pueda aplicarse de manera integral.
