El Senado aprobó cambios en la Ley de Salud Mental
Una reforma que modifica el sistema de atención
El Senado de la Nación aprobó el 30 de octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de una negociación parlamentaria que introdujo modificaciones al proyecto original.
La propuesta deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
Entre los principales cambios aparecen la ampliación de los criterios para disponer internaciones involuntarias, una mayor intervención de los médicos psiquiatras y modificaciones en el funcionamiento de las instituciones especializadas.
Las internaciones involuntarias, en el centro de la controversia
La legislación vigente establece que una persona solamente puede ser internada contra su voluntad cuando existe una situación de riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros, evaluada por un equipo interdisciplinario.
El proyecto aprobado amplía los elementos que pueden considerarse para determinar ese riesgo. Entre ellos incorpora antecedentes clínicos y circunstancias que permitan evaluar las consecuencias de no realizar un tratamiento.
También habilita, en determinadas situaciones excepcionales, que un médico disponga inicialmente una internación, con los controles posteriores previstos en la normativa.
Para el oficialismo, estos cambios permitirán intervenir más rápidamente ante crisis graves y evitar situaciones en las que pacientes y familiares no encuentran respuestas oportunas.
En cambio, especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que una interpretación demasiado amplia del riesgo podría incrementar las internaciones sin consentimiento y debilitar las garantías de las personas afectadas.
El debate por los hospitales psiquiátricos
Otro punto controvertido es la continuidad de los establecimientos psiquiátricos especializados.
La Ley 26.657 estableció un modelo orientado a sustituir progresivamente las instituciones monovalentes por dispositivos comunitarios y servicios de salud mental integrados a hospitales generales.
La reforma permite mantener instituciones especializadas bajo nuevas condiciones regulatorias, aunque conserva la prohibición de crear manicomios.
El senador radical Maximiliano Abad cuestionó especialmente los artículos 23 y 24 del proyecto, al considerar que la permanencia de establecimientos monovalentes contradice el modelo de atención comunitaria.
Desde otros sectores profesionales y asociaciones de familiares sostienen que los hospitales especializados continúan siendo necesarios para atender situaciones complejas y que su eliminación sin alternativas suficientes puede dejar pacientes sin asistencia.
El papel de psicólogos y psiquiatras
El proyecto original había generado cuestionamientos por otorgar mayor protagonismo a los médicos psiquiatras en decisiones clínicas y procedimientos de internación.
Durante las negociaciones parlamentarias se introdujeron cambios para preservar las incumbencias profesionales de los psicólogos y mantener el carácter interdisciplinario de los tratamientos.
Estas modificaciones fueron fundamentales para conseguir el respaldo de legisladores que habían expresado objeciones a la propuesta inicial.
La discusión pone de manifiesto dos necesidades que no deberían considerarse excluyentes: garantizar intervenciones médicas oportunas y preservar una atención integral que contemple las dimensiones psicológicas, familiares y sociales de cada persona.
La falta de presupuesto también llegó al recinto
La senadora Lucía Corpacci, del bloque justicialista, cuestionó la orientación de la reforma y sostuvo que el principal problema del sistema no radica necesariamente en la legislación, sino en la insuficiencia de recursos para aplicarla.
Distintos especialistas coinciden en señalar dificultades para acceder a tratamientos, escasez de profesionales, falta de dispositivos comunitarios y problemas de infraestructura.
Durante el debate se incorporó una disposición vinculada con el financiamiento federal, uno de los aspectos que habían motivado reclamos de las provincias.
Sin embargo, la reforma normativa no garantiza por sí misma la disponibilidad de camas, tratamientos ambulatorios, centros de día ni equipos interdisciplinarios.
Los derechos de los pacientes, un aspecto fundamental
Las internaciones involuntarias constituyen una de las intervenciones más restrictivas sobre la autonomía personal dentro del sistema sanitario.
Por esa razón, cualquier modificación legislativa debe analizarse en relación con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares internacionales de derechos humanos.
La legislación debe permitir la atención de situaciones de urgencia sin convertir la internación en una respuesta automática frente a problemas familiares, sociales o económicos.
También resulta indispensable garantizar el derecho a la defensa, la revisión judicial, el consentimiento informado cuando corresponda y la posibilidad de acceder a tratamientos en la comunidad.
Diputados tendrá la última palabra
La media sanción representa un avance legislativo para el Gobierno, pero no modifica todavía la ley vigente.
El próximo debate en Diputados deberá definir si se ratifica el texto aprobado por el Senado o se introducen nuevas modificaciones.
La discusión excede las diferencias partidarias. Involucra a pacientes, familias, profesionales, organizaciones sociales y organismos estatales responsables de garantizar la atención.
El desafío consiste en construir un sistema capaz de actuar ante las crisis sin debilitar los derechos de quienes necesitan asistencia. Una reforma que amplíe las posibilidades de internación, pero no mejore el acceso a la prevención, los tratamientos y el acompañamiento comunitario, difícilmente resolverá por sí sola las deficiencias estructurales de la salud mental en la Argentina.
