La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard, se reunió después de dos semanas para dar por finalizadas las audiencias sobre la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Durante las seis reuniones anteriores, testificaron un total de 17 personas. A partir del próximo encuentro el 16 de junio, la comisión comenzará a investigar el fallo por coparticipación.
En la última jornada sobre la obra social, se convocaron siete testigos y se votó a favor de ampliar la prueba y solicitar las actas a la Corte Suprema. Además, se votaron las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y se decidió averiguar qué personal de la vocalía de Maqueda se dedicaba al tema de la obra social y si la prestación se había realizado.
Entre los testigos convocados se encontraban Isabel López Alducin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti; Iván Nicolás Ritvo, contador público; Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; María Marcela Viano Carlomagno, en calidad de damnificada de la obra social; Claudia Viviana Madies y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN, solicitó una reprogramación de fecha.
Además, se citó por segunda vez a María Guadalupe Burgos, quien fue identificada como «sobrina política» de Maqueda y estuvo a cargo de firmar cheques millonarios de la obra social. Durante el encuentro, se propuso constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, lo cual generó controversia entre el oficialismo y la oposición.
En las declaraciones de los testigos, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, mencionó que Rosatti se comunicó con ella para tener a alguien que se desempeñara en seguridad social dentro de su equipo. También habló sobre los criterios de discapacidad aplicados en los fallos de Rosatti y la cobertura de recursos por parte de la obra social.
María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia y está en la Corte desde 2010. Se refirió a un correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas y explicó su papel en la supervisión de la obra social. También habló sobre los casos en los que intervino y negó haber tenido un diálogo habitual con el exdirector de la obra social, Aldo Tonón.
Al finalizar la jornada, se acordó solicitar las respuestas de la obra social respecto a los mails enviados por la jueza Martina Forns y se votó a favor de averiguar qué personal de la vocalía de Maqueda se ocupaba del tema de la obra social y si se había efectuado la prestación. Se espera que las audiencias sobre el fallo por coparticipación comiencen la próxima semana.