El paro portuario ya mantiene frenados a 185 buques y provoca pérdidas millonarias
La medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos paraliza exportaciones y complica la distribución de combustibles. El sector estima costos de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por cada embarcación detenida. El Gobierno intimó a 536 trabajadores y anticipó sanciones.
El conflicto en los puertos argentinos se profundiza. El paro de prácticos, pilotos y baqueanos, iniciado el sábado 1° de agosto, ya mantiene detenidos a más de 185 buques y genera pérdidas que podrían alcanzar los USD 100.000 diarios por cada embarcación que permanece sin operar.
La protesta afecta especialmente al polo exportador del Gran Rosario, donde este martes se sumaron más de 45 barcos a los 140 que ya estaban esperando los servicios necesarios para ingresar o salir de las terminales.
Desde el sector agroexportador advirtieron que, si el conflicto continúa, podrían incorporarse otras 30 embarcaciones a la espera.
Los costos derivados de la paralización oscilan entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por barco, producto de demoras, incumplimientos contractuales, gastos operativos y alteraciones en la cadena logística.
El conflicto comenzó por un decreto del Gobierno
La medida de fuerza se inició luego de la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
La reforma creó un registro abierto de profesionales, permitió que los usuarios puedan elegir libremente a los prestadores, eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación facultades para establecer tarifas máximas.
También modificó la segmentación geográfica del servicio y amplió los casos en los que determinados buques pueden quedar exceptuados de contratar prácticos.
El Gobierno sostiene que el objetivo de los cambios es aumentar la competencia y reducir los costos portuarios, mientras que los profesionales involucrados cuestionan la reforma y advierten sobre posibles consecuencias para la seguridad de la navegación.
Prefectura intimó a 536 trabajadores
Ante la continuidad del paro, la Prefectura Naval Argentina intimó a 536 profesionales para que retomen inmediatamente sus actividades.
El Gobierno advirtió que quienes no cumplan con la intimación podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales, al considerar al practicaje como un servicio público regulado.
Desde la Casa Rosada también anticiparon que habrá sanciones por la interrupción del servicio.
Sin embargo, hasta el momento no se logró establecer una mesa de negociación que permita destrabar el conflicto.
El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, reclamó una instancia de diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados y advirtió sobre el daño que la prolongación de la medida podría producir sobre la imagen de la Argentina como proveedor confiable.
Riesgo para las exportaciones
Uno de los mayores impactos se registra sobre las exportaciones de granos y subproductos, especialmente en las terminales ubicadas sobre el río Paraná.
La continuidad del conflicto puede provocar incumplimientos en los contratos internacionales, mayores costos logísticos y desvíos de operaciones hacia puertos de países vecinos.
El sector empresario advirtió que algunas operaciones ya comenzaron a ser redireccionadas hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, lo que podría significar una pérdida adicional de actividad para las terminales argentinas.
También preocupa el abastecimiento de combustibles
El paro no afecta únicamente al comercio exterior. La distribución de combustibles también comenzó a enfrentar dificultades debido a la imposibilidad de mover buques tanque entre distintos puertos del país.
Las operaciones se encuentran afectadas en terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, desde donde se movilizan nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo.
El principal punto de preocupación está en el abastecimiento hacia la Patagonia sur, que depende en buena medida del traslado marítimo de combustibles desde las principales refinerías.
Las empresas aseguran que todavía existen márgenes para sostener el suministro, pero advierten que si el conflicto se prolonga podrían aparecer dificultades de abastecimiento.
La disputa por la desregulación del practicaje se convirtió así en uno de los primeros conflictos de magnitud derivados de las reformas impulsadas por el Gobierno y amenaza con generar un impacto creciente sobre las exportaciones, la energía y la logística nacional.
La situación y las cifras corresponden a la actualización publicada este 4 de agosto y fueron contrastadas con los antecedentes del conflicto y la normativa vigente.
