El Congreso analiza las privatizaciones
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones resolvió pedir al Poder Ejecutivo información técnica, económica y jurídica sobre los principales procesos de venta y concesión de empresas públicas impulsados por el Gobierno de Javier Milei. El Congreso también prevé citar a funcionarios para que expliquen las condiciones, los plazos y el estado de cada operación.
El pedido alcanza a Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), los ferrocarriles de cargas y pasajeros, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), un conjunto de compañías y servicios estratégicos incluidos en diferentes modalidades dentro del programa de privatizaciones y concesiones del Ejecutivo.
Quieren conocer condiciones, plazos y avances
La reunión se realizó en el Senado y estuvo encabezada por el presidente de la Bicameral, el senador de La Libertad Avanza Pablo Cervi. Los legisladores pusieron a consideración la versión definitiva de los pedidos de informes que serán remitidos al Poder Ejecutivo.
La intención es obtener información detallada sobre las condiciones económicas establecidas para cada privatización, los mecanismos utilizados para valuar los activos estatales, el procedimiento elegido para incorporar capital privado, los cronogramas previstos y el estado de avance de las licitaciones y concesiones.
La comisión estableció un plazo de 15 días hábiles para recibir las respuestas y espera comenzar a convocar funcionarios aproximadamente durante la segunda semana de septiembre.
Entre los primeros citados se encuentra Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo dependiente del Ministerio de Economía que coordina buena parte del programa privatizador.
Cervi sostuvo que el objetivo de la Bicameral es aportar transparencia y señaló que existe voluntad del Ejecutivo de concurrir al Congreso y proporcionar la documentación solicitada.
AySA, con el 90% de las acciones a la venta
Uno de los procesos que estará bajo análisis es el de AySA. El Gobierno lanzó una licitación nacional e internacional para vender el 90% de las acciones actualmente en manos del Estado. El 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El cronograma oficial establece la presentación de ofertas hasta el 27 de agosto, cuando también está prevista la apertura de la primera etapa del procedimiento. Los potenciales compradores deberán acreditar condiciones técnicas, patrimoniales, financieras y legales y se exige la incorporación de un operador con experiencia en servicios de agua y saneamiento.
La operación es especialmente sensible porque AySA presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y numerosos municipios del conurbano bonaerense.
Intercargo va hacia una privatización total
En el sector aerocomercial, el Ejecutivo decidió vender el 100% del paquete accionario de Intercargo, empresa dedicada a servicios de asistencia en tierra para aeronaves y pasajeros.
El proceso fue autorizado originalmente en 2025 y durante 2026 el Ministerio de Economía aprobó el pliego y realizó modificaciones a la licitación pública nacional e internacional para concretar la transferencia total de la compañía al sector privado.
ENARSA y activos estratégicos del sector energético
La privatización de ENARSA se realiza por etapas y mediante la separación de sus diferentes activos y unidades de negocio.
Entre las operaciones más importantes se encuentra la venta de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, la empresa que opera la principal red de transporte eléctrico de alta tensión del país.
Transener administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV y constituye una pieza central del Sistema Argentino de Interconexión. Durante el proceso licitatorio se presentaron ofertas privadas para adquirir la participación que pertenecía a ENARSA.
También se avanzó en el retiro de ENARSA de la importación y comercialización de gas natural licuado y en la incorporación de operadores privados a actividades que anteriormente realizaba la compañía estatal.
Ferrocarriles: concesiones y venta de activos
El pedido del Congreso comprende además los procesos vinculados con los trenes de cargas y pasajeros.
Para Belgrano Cargas y Logística, el Gobierno dispuso un esquema que contempla la separación de las distintas unidades de negocio, la venta mediante remate de material rodante y la concesión de vías, inmuebles y talleres ferroviarios.
La empresa opera las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, fundamentales para el transporte de productos agroindustriales y otras cargas desde las provincias hacia los principales puertos del país.
Corredores Viales y las rutas nacionales
Otro punto central será Corredores Viales, cuyo esquema no contempla simplemente la venta de acciones sino la transferencia de la operación de rutas al sector privado mediante concesiones de obra pública por peaje.
El Gobierno inició el proceso para reemplazar progresivamente a la empresa estatal mediante licitaciones de distintos tramos de la Red Vial Nacional, incluyendo la explotación, mantenimiento, reparación y administración de las rutas concesionadas.
Nucleoeléctrica seguirá con mayoría estatal
El caso de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, presenta características diferentes.
La Ley Bases habilitó una privatización parcial, por lo que el Estado deberá conservar el control de la empresa. El Gobierno puso en marcha el procedimiento para incorporar capital privado sin transferir la participación estatal mayoritaria.
Por tratarse de una compañía vinculada con generación nuclear y activos considerados estratégicos, el proceso es uno de los que genera mayor atención dentro del Congreso.
YCRT busca inversores privados
Yacimientos Carboníferos Río Turbio también quedó incluido en el pedido de explicaciones.
La empresa santacruceña atraviesa un proceso de reorganización y búsqueda de capital privado. Durante 2026, autoridades de YCRT informaron que recibieron propuestas de inversión, incluida una oferta cercana a USD 120 millones vinculada con las cuatro unidades productivas y otra destinada específicamente a la central termoeléctrica.
A diferencia de otras empresas incluidas en la Ley Bases, la normativa establece que el Estado debe conservar al menos el 51%, por lo que cualquier participación privada deberá realizarse manteniendo el control estatal.
Un control parlamentario sobre el plan privatizador
La reactivación de la Bicameral coloca al Congreso en un rol más activo frente a un programa que ya ingresó en etapas decisivas en varias empresas.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es reducir la participación estatal en actividades empresariales, atraer inversiones privadas y disminuir el costo fiscal de las compañías públicas. La tarea de la Bicameral, en cambio, será controlar cómo se realizan esas operaciones y determinar las condiciones económicas, jurídicas y patrimoniales bajo las cuales activos y servicios del Estado pasarán total o parcialmente a manos privadas.
Con los pedidos de informes en marcha y funcionarios citados para septiembre, la discusión sobre las privatizaciones dejará de desarrollarse exclusivamente dentro del Poder Ejecutivo y tendrá ahora un nuevo capítulo en el Congreso.
