El Gobierno eliminó un programa de monitoreo ambiental minero
El Gobierno nacional derogó el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, una herramienta creada en 2022 para asistir a las provincias en la evaluación y fiscalización ambiental de los emprendimientos mineros.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida forma parte del proceso de reducción y reordenamiento de programas estatales impulsado por la administración de Javier Milei y alcanza también a otros instrumentos vinculados con planificación minera, políticas sociales, participación y coordinación federal.
El Gobierno argumentó que los programas derogados agotaron su vigencia, perdieron operatividad o resultan incompatibles con los actuales objetivos de la Secretaría de Minería. En el caso específico del programa de monitoreo ambiental, sostuvo que deberá ser reemplazado por “mecanismos alternativos más eficientes”, aunque la resolución no identifica cuáles serán esos mecanismos ni establece cuándo comenzarán a funcionar.
Qué hacía el programa ambiental
El Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales había sido creado por la Resolución 53/2022 con el objetivo de acompañar a las provincias en el control ambiental de la actividad minera.
Entre sus funciones se encontraban la capacitación de agentes encargados de la fiscalización, la cooperación entre organismos, universidades y autoridades provinciales, el desarrollo de infraestructura para los controles y la incorporación de herramientas de diagnóstico.
También contemplaba la participación de comunidades y entidades académicas en las acciones de monitoreo y buscaba ampliar la publicación de los resultados para aumentar la transparencia sobre el impacto ambiental de la minería.
La información generada debía integrarse al Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).
La Nación se retira de una herramienta de apoyo a las provincias
La derogación no significa que desaparezcan todos los controles ambientales sobre la minería en la Argentina. La legislación vigente establece que las provincias son las autoridades de aplicación en materia ambiental minera dentro de sus jurisdicciones.
El Código de Minería determina que las autoridades provinciales deben aprobar los informes de impacto ambiental, controlar las declaraciones de impacto ambiental y fiscalizar las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación y recomposición correspondientes a cada explotación.
Además, la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.
Lo que desaparece con la Resolución 64/2026 es un instrumento nacional destinado específicamente a fortalecer esas capacidades provinciales mediante asistencia técnica, capacitación, cooperación, participación comunitaria y eventualmente financiamiento.
La diferencia resulta relevante porque las capacidades técnicas y presupuestarias para realizar controles ambientales no son iguales en todas las provincias, especialmente frente al crecimiento de proyectos de litio, cobre, oro y plata.
También se eliminaron otros programas
La resolución alcanza a ocho normas aprobadas entre 2008 y 2022.
Entre las principales medidas se encuentra la eliminación formal del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, creado en 2020, y de la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones del sector.
También quedó sin efecto la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas, creada en 2021 con el objetivo de impulsar una mayor participación femenina en la actividad.
La Secretaría de Minería derogó además la adaptación del Plan Nacional de Minería Social aprobada durante la emergencia sanitaria, antiguos reglamentos para transferencias de fondos a provincias y municipios y una resolución vinculada con la rendición de recursos correspondientes a programas mineros.
El Gobierno sostiene que algunas de estas estructuras perdieron operatividad y que otras funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
Los convenios y las rendiciones continúan
La eliminación de los programas no extingue automáticamente las obligaciones asumidas previamente.
La Resolución 64 establece expresamente que los convenios firmados mientras esas normas estuvieron vigentes mantienen sus derechos y obligaciones. Las provincias, municipios y demás organismos que hayan recibido fondos deberán continuar con la ejecución de los proyectos y presentar las correspondientes rendiciones.
El Estado nacional también conservará la posibilidad de iniciar acciones para recuperar recursos cuando existan fondos no ejecutados o pendientes de rendición.
De esta manera, el Gobierno da por terminados los programas hacia adelante, pero mantiene los controles administrativos sobre el dinero que ya fue transferido.
La minería atraviesa una fuerte expansión
La decisión se produce mientras la minería atraviesa uno de sus períodos de mayor crecimiento exportador.
Las exportaciones mineras alcanzaron USD 6.037 millones durante 2025, el mayor valor anual registrado hasta ese momento, con un crecimiento cercano al 30% respecto del año anterior.
La tendencia se aceleró durante 2026. Solamente entre enero y abril, las ventas externas del sector alcanzaron aproximadamente USD 3.254 millones, un incremento interanual superior al 84%.
El oro continúa siendo el principal producto exportado, mientras que el litio muestra una fuerte expansión. En los primeros cuatro meses del año las exportaciones de litio alcanzaron USD 658 millones, con un crecimiento cercano al 138% respecto del mismo período de 2025.
Este crecimiento, sumado a las expectativas generadas por nuevos proyectos de cobre y las inversiones incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), coloca a la minería entre las principales apuestas del Gobierno para aumentar las exportaciones y la generación de divisas.
En ese escenario, la eliminación del programa federal de fortalecimiento ambiental abre una discusión que excede el ahorro administrativo: cómo se garantizarán capacidades técnicas, información pública y controles suficientes en las provincias mientras aumenta la escala de la actividad minera.
