La Ciudad frenó el polémico “gift shop” en Recoleta
El Gobierno de Jorge Macri dio de baja la licitación que buscaba convertir una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta en un local de recuerdos, venta de alimentos y bebidas y servicios turísticos, después de que la iniciativa quedara atravesada por un conflicto judicial y por el reclamo de los familiares cuyos restos permanecen en el mausoleo.
La decisión llegó luego de que la Justicia porteña hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por Lucía Girado, integrante de la familia históricamente vinculada con la bóveda, quien cuestionó la caducidad de la concesión y denunció que no había sido debidamente notificada antes de que el espacio fuera incluido en el proceso licitatorio.
El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, ordenó además una inspección del lugar y dispuso su clausura preventiva para impedir cualquier intervención mientras se analiza el conflicto.
Una bóveda con restos familiares
La controversia comenzó cuando se conoció que la Ciudad había convocado a una licitación pública para explotar comercialmente un espacio dentro del Cementerio de la Recoleta.
El proyecto contemplaba instalar un gift shop, permitir la venta de alimentos y bebidas y desarrollar actividades vinculadas con el turismo nocturno. La concesión estaba prevista por cinco años, con un canon base mensual de $1,6 millones.
La bóveda involucrada se encuentra en la Sección 17, Tablón 201, posee aproximadamente 24,55 metros cuadrados y perteneció históricamente a la familia Girado.
El Gobierno porteño había sostenido que la concesión se encontraba caduca debido a una deuda de mantenimiento acumulada durante años y afirmó que se habían realizado las notificaciones correspondientes.
Los familiares rechazaron esa versión. Aseguraron que algunos avisos habían sido dirigidos a personas ya fallecidas y remarcaron que dentro del mausoleo todavía permanecían restos de integrantes de la familia.
Denuncias por el estado de los féretros
El conflicto escaló luego de la inspección judicial. Familiares denunciaron que encontraron féretros fuera de su ubicación habitual, algunos deteriorados, y afirmaron que faltaban cajones que anteriormente se encontraban dentro de la bóveda.
Esas circunstancias deberán ser determinadas dentro del expediente judicial y forman parte de los reclamos planteados por los herederos.
La familia había señalado además que, pese a que los restos permanecían en el lugar, durante un período no se les permitió ingresar al mausoleo.
El caso llegó a la Legislatura
La polémica también tuvo repercusión política. Legisladores de la UCR y del peronismo presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo porteño explicara cómo se había producido la caducidad de la concesión, qué procedimiento se había seguido con los restos y bajo qué condiciones se decidió avanzar con un emprendimiento comercial.
Frente al fallo judicial, los reclamos familiares y la creciente controversia pública, la administración porteña finalmente resolvió cancelar el proceso.
La marcha atrás deja ahora en manos de la Justicia la discusión sobre la situación jurídica de la bóveda y el reclamo de los herederos para recuperar el espacio donde aseguran que continúan descansando sus familiares.
