Recicladores denuncian 6.500 empleos en riesgo
Las cooperativas de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su conflicto con el gobierno de Jorge Macri y advirtieron que el nuevo esquema de licitación para la gestión de residuos secos podría dejar sin trabajo a unas 6.500 personas.
Los trabajadores cuestionan la apertura del sistema a empresas privadas y aseguran que las condiciones previstas dificultan que las cooperativas puedan competir en igualdad de condiciones. También anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el Ejecutivo porteño no abre una instancia de negociación.
Jaqueline Infante, presidenta de la Cooperativa El Álamo y coordinadora de recolección domiciliaria, denunció que el Gobierno porteño viene desfinanciando el sistema y cuestionó que las organizaciones que realizan estas tareas desde hace más de dos décadas no hayan participado de manera suficiente en la elaboración del nuevo modelo.
“Es un negocio para los amigos”, afirmó Infante al cuestionar que las empresas privadas puedan quedarse con tareas actualmente desarrolladas por los recuperadores urbanos. La dirigente sostuvo además que el nuevo esquema no garantiza que las compañías adjudicatarias deban incorporar a las cooperativas.
Una licitación que cambia el sistema
El conflicto se originó a partir del proceso impulsado por el Gobierno de la Ciudad para modificar la recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos.
La propuesta divide la Ciudad en seis zonas operativas e incorpora nuevas exigencias tecnológicas, entre ellas seguimiento satelital de los vehículos y sistemas de control sobre la prestación.
El cambio central es que empresas privadas podrán competir por servicios que durante años estuvieron estructurados principalmente alrededor de cooperativas de recuperadores urbanos.
Desde las organizaciones advierten que algunos requisitos económicos y operativos, como niveles de facturación, disponibilidad de vehículos e infraestructura, generan una fuerte desventaja frente a compañías de mayor capacidad financiera.
Las cooperativas amenazan con ir a la Justicia
Miles de cartoneros y recicladores ya se movilizaron por las calles porteñas para reclamar la continuidad del modelo de reciclado con inclusión social y defender sus puestos de trabajo.
Las organizaciones sostienen que realizaron reiterados pedidos de reunión con funcionarios porteños y reclaman una mesa de negociación antes de que avance definitivamente el proceso.
Infante anticipó que, si no obtienen respuestas, las cooperativas analizarán judicializar la licitación por considerar que podría vulnerar derechos reconocidos a los recuperadores urbanos.
La Ley 992 de la Ciudad incorporó a los recuperadores de materiales reciclables al servicio público de higiene urbana y estableció un marco para su participación dentro del sistema.
El Gobierno porteño, por su parte, presenta la modificación como una modernización destinada a incorporar tecnología, mejorar el control de la prestación y aumentar la eficiencia de la recuperación de materiales.
Para las cooperativas, sin embargo, detrás de esa transformación se encuentra en juego la continuidad de un modelo construido durante más de veinte años y el ingreso de alrededor de 6.500 familias que dependen directamente de la actividad.
