Nación autorizó un crédito de USD 30 millones para Chaco
El Gobierno nacional autorizó a la provincia del Chaco a tomar un crédito de hasta 30 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), destinado a financiar obras de infraestructura vial, urbana y social en distintos puntos del territorio provincial. La medida fue formalizada a través del Decreto 229/2026, en medio de crecientes advertencias por el peso de la deuda en moneda extranjera y el uso de fondos coparticipables como garantía.
Según se informó, los recursos serán aplicados al Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco, que contempla obras viales, equipamiento social y mejoras urbanas orientadas a reducir desigualdades territoriales y fortalecer la conectividad entre localidades. Desde el oficialismo provincial remarcaron que el financiamiento resulta clave para sostener la obra pública en un contexto de fuerte caída de recursos y retracción de transferencias nacionales.
Sin embargo, la operación volvió a encender alertas en el plano financiero. El préstamo está nominado en dólares, por lo que especialistas advierten que una eventual devaluación podría incrementar significativamente el peso real de la deuda sobre las cuentas provinciales. A esto se suma un punto especialmente sensible: el aval nacional habilita que, en caso de incumplimiento, la Nación pueda retener automáticamente fondos de coparticipación federal correspondientes al Chaco.
El mecanismo es habitual en este tipo de financiamiento internacional, pero genera preocupación por la autonomía financiera de la provincia y por el impacto futuro sobre recursos corrientes. El debate se profundiza además en un escenario en el que Chaco ya enfrenta tensiones fiscales y vencimientos de deuda previos, para los cuales en los últimos días había solicitado asistencia de la Nación.
Desde sectores críticos advierten que la toma de deuda externa aparece como una solución inmediata para obras necesarias, pero también puede comprometer ingresos futuros y condicionar la capacidad presupuestaria de próximas gestiones. El eje de la discusión, sostienen, vuelve a ser el delicado equilibrio entre inversión pública, desarrollo provincial y sostenibilidad fiscal.
