La motosierra suma una nueva etapa
La Casa Rosada prepara una profundización del ajuste estatal con recortes adicionales en ministerios, organismos descentralizados y estructuras administrativas. El objetivo es sostener el superávit fiscal durante la segunda mitad del año.
El Gobierno nacional avanza en una nueva fase de reducción del gasto público y analiza aplicar recortes adicionales en todas las áreas de la administración central. La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei y coordinada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de profundizar el ajuste sobre la estructura estatal.
Según informó Noticias Argentinas, el Gobierno considera que todavía existen áreas con margen para reducir gastos operativos, eliminar dependencias y reorganizar funciones administrativas. La revisión alcanzaría a ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas públicas, en línea con el proceso de achicamiento que comenzó al inicio de la gestión libertaria.
La decisión se produce luego de que el Ejecutivo lograra sostener durante varios meses consecutivos el superávit fiscal, uno de los principales objetivos económicos de la administración Milei. Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, sostienen que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición indispensable para consolidar la desaceleración de la inflación y mantener la estabilidad financiera.
De acuerdo con datos oficiales, desde diciembre de 2023 el Estado nacional redujo miles de cargos políticos, eliminó organismos considerados superpuestos y avanzó con procesos de retiro voluntario y no renovación de contratos. En paralelo, continúan los planes de privatización o concesión de empresas públicas contemplados en la Ley Bases y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo.
Sin embargo, la profundización del ajuste genera cuestionamientos de gremios estatales y sectores de la oposición. Organizaciones sindicales como Asociación Trabajadores del Estado denuncian que los recortes afectan la capacidad operativa de distintas dependencias y podrían impactar en la prestación de servicios públicos. Gobernadores e intendentes también expresaron preocupación por la reducción de programas nacionales y transferencias a las provincias.
En la Casa Rosada aseguran que la nueva etapa de recortes no responde únicamente a la necesidad de reducir gastos, sino también a una estrategia de transformación estructural del Estado. El objetivo oficial es llegar a 2027 con una administración más pequeña, menor carga tributaria y una participación reducida del sector público en la economía.
