Buenos Aires rediseña su mapa judicial
Representantes del Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia comenzaron a ordenar los proyectos destinados a crear juzgados, fiscalías y nuevas dependencias. Los fueros de Familia aparecen entre las principales prioridades.
La provincia de Buenos Aires puso en marcha una negociación institucional para revisar la distribución y el funcionamiento de sus organismos judiciales. La Comisión Permanente del Mapa Judicial retomó sus reuniones con el objetivo de elaborar un diagnóstico común y definir qué juzgados deben crearse o recibir estructuras complementarias.
El organismo reúne a representantes de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General, los ministerios de Justicia y Economía, la Legislatura y entidades vinculadas con la administración de justicia. Su tarea será analizar las necesidades de cada departamento judicial y elevar recomendaciones a diputados y senadores.
Dieciséis proyectos bajo análisis
La comisión comenzó a estudiar 16 iniciativas con estado parlamentario, la mayoría relacionadas con la creación o reorganización de dependencias judiciales. Antes de impulsar nuevas estructuras, los integrantes buscan determinar el volumen de causas, la cantidad de habitantes alcanzados y los recursos humanos y presupuestarios necesarios para garantizar su funcionamiento.
Entre las propuestas se encuentran la creación de un Juzgado de Garantías en Hurlingham, otro con asiento en Pehuajó y competencia sobre localidades vecinas, y un Juzgado Correccional en Saladillo que también atendería causas provenientes de Roque Pérez y Lobos.
También se planteó la posibilidad de modificar algunos departamentos judiciales, aunque las discusiones más profundas sobre una nueva división territorial quedaron postergadas para una etapa posterior.
Prioridad para los juzgados de Familia
Uno de los principales consensos es atender la situación de los juzgados de Familia, afectados en numerosos distritos por la acumulación de expedientes, las demoras y la falta de organismos auxiliares.
Desde la Suprema Corte y la Procuración advirtieron que en ocasiones se aprobaron nuevos juzgados sin crear simultáneamente fiscalías, defensorías, cargos administrativos o equipos interdisciplinarios. Esa situación impidió que varias dependencias pudieran ponerse efectivamente en funcionamiento.
Por ese motivo, la reorganización no se limitará a decidir dónde abrir nuevos tribunales. También deberá contemplar la distribución del personal, la infraestructura disponible, la litigiosidad de cada región y la capacidad presupuestaria de la Provincia.
Unificar estadísticas
Otro punto central será reunir la información elaborada por el Ministerio de Justicia, la Procuración y la Suprema Corte. Actualmente, los organismos utilizan estadísticas y criterios que no siempre coinciden para medir la cantidad de causas y las necesidades de cada jurisdicción.
El propósito es construir una base de datos común que permita justificar cada modificación del mapa judicial y evitar la aprobación de estructuras que luego permanezcan vacantes o sin los recursos necesarios.
Un informe para la Legislatura
La comisión buscará avanzar durante los próximos meses con un dictamen consultivo que será presentado ante la Legislatura bonaerense. Aunque sus conclusiones no serán vinculantes, servirán para ordenar los proyectos existentes y establecer prioridades.
La intención es llegar entre septiembre y octubre con una primera propuesta formal. Sin embargo, la integración todavía no está completamente cerrada, ya que el Senado deberá designar a sus representantes dentro del organismo.
Creada en 2018 mediante la Ley provincial 15.044, la Comisión Permanente del Mapa Judicial tiene entre sus funciones proponer reformas territoriales y funcionales, elaborar anteproyectos y analizar la creación o transformación de órganos judiciales.
La reactivación del organismo abre ahora una instancia de negociación entre los tres poderes para intentar reducir las demoras, corregir desequilibrios regionales y mejorar el acceso a la Justicia en el territorio bonaerense.
