Milei dio marcha atrás y alivió las cajas sindicales
El Gobierno excluyó del límite del 2% a determinadas contribuciones patronales acordadas en los convenios colectivos. La decisión representa una concesión a la CGT, aunque mantiene restricciones sobre los aportes de los trabajadores y exige que los fondos tengan destinos específicos.
El Gobierno de Javier Milei modificó uno de los puntos más sensibles de la reglamentación de la reforma laboral y habilitó a los sindicatos y las cámaras empresarias a negociar contribuciones patronales extraordinarias sin quedar alcanzadas por el límite general del 2%.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 612/2026, firmado el viernes 17 de julio y publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva también las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El cambio constituye una marcha atrás parcial respecto del esquema reglamentado anteriormente por el Ejecutivo, que había restringido fuertemente los ingresos establecidos mediante convenios colectivos y generado preocupación dentro de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Qué cambió con el nuevo decreto
La reforma laboral había establecido que los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos a favor de las asociaciones sindicales no podían superar el 2% de la remuneración de los trabajadores.
El nuevo decreto aclaró que las contribuciones asumidas directamente por los empleadores no están comprendidas dentro de ese límite. De esta manera, los gremios podrán negociar con las cámaras empresarias aportes patronales superiores al 2%, siempre que sean incorporados a los convenios colectivos y superen el control de legalidad correspondiente.
Sin embargo, esos recursos no podrán utilizarse libremente para financiar la estructura sindical. La norma dispone que deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados.
Los fondos también deberán administrarse y documentarse por separado de los demás bienes e ingresos de cada organización gremial.
Se mantiene el límite para los trabajadores
La concesión no elimina completamente las restricciones impuestas por la reforma laboral. El tope del 2% continúa vigente para los aportes solidarios descontados a trabajadores afiliados y no afiliados alcanzados por un convenio colectivo.
El Gobierno también redefinió la remuneración sobre la cual deberá calcularse ese porcentaje. La base estará integrada por el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales, mensuales y originadas en el convenio colectivo.
Quedarán excluidos los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro concepto que no sea abonado de manera normal, habitual y mensual.
Esto significa que los sindicatos recuperarán capacidad para negociar aportes extraordinarios con las empresas, pero continuarán enfrentando una base más reducida para calcular las contribuciones descontadas sobre los salarios.
Un gesto político hacia la CGT
La modificación fue interpretada como un gesto del Gobierno hacia la conducción de la CGT, que había advertido sobre el impacto económico de la reglamentación original y reclamado cambios en los aspectos vinculados con el financiamiento sindical.
Dentro del sindicalismo consideraban que el límite generalizado del 2% podía afectar fondos utilizados para sostener servicios sociales, actividades de capacitación, prestaciones asistenciales y estructuras relacionadas con las obras sociales.
La nueva reglamentación devuelve a los gremios una parte de su capacidad de negociación, aunque no restablece por completo el sistema anterior a la reforma laboral.
La decisión también exhibe diferencias dentro del oficialismo respecto de la estrategia frente a los sindicatos. Mientras algunos sectores promovían una reducción más profunda de las denominadas “cajas gremiales”, otros funcionarios impulsaron una salida negociada para evitar una escalada del conflicto con la central obrera.
Una rectificación con límites
El decreto representa una concesión relevante, pero no supone una restitución total de los recursos sindicales. Los gremios podrán acordar aportes patronales sin el límite del 2%, aunque deberán justificar su destino, administrarlos por separado y someter los acuerdos al proceso de homologación estatal.
Al mismo tiempo, continuarán vigentes las restricciones sobre los aportes de los trabajadores y la exclusión de numerosos componentes salariales de la base de cálculo.
Con esta decisión, el Gobierno busca reducir la tensión con la CGT sin abandonar los principales lineamientos de la reforma laboral ni devolver a las organizaciones sindicales la totalidad del esquema financiero que tenían antes de su reglamentación.
