Ley de Tierras: la empresa de Benegas Lynch quedó bajo la lupa en plena polémica
El senador libertario es fundador de Glocal Terra, una firma dedicada a inversiones, administración y operaciones vinculadas con campos. La actividad de la compañía tomó relevancia política justo cuando el Gobierno debió retirar del Senado el capítulo que modificaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La discusión por la Ley de Tierras sumó un nuevo elemento político. En medio de la falta de votos que obligó al oficialismo a retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras, trascendió que el senador nacional de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch es fundador de una empresa dedicada al negocio y administración de propiedades rurales.
Se trata de Glocal Terra SRL, constituida en marzo de 2020 por Joaquín Benegas Lynch y su esposa, Eloisa Perea Muñoz.
Glocal Terra y el negocio de las tierras
De acuerdo con la documentación societaria, Benegas Lynch suscribió originalmente 9.000 de las 10.000 cuotas sociales y fue designado gerente titular.
El objeto de la sociedad incluye la administración de bienes urbanos y rurales y, expresamente, la intermediación en la compra y venta de inmuebles rurales y urbanos, además de servicios de consultoría destinados tanto a personas y empresas nacionales como extranjeras.
La propia compañía presenta actualmente a Joaquín Benegas Lynch como su fundador y director ejecutivo.
Según la información institucional difundida por Glocal Terra, su equipo posee experiencia en más de tres millones de hectáreas involucradas en transacciones y propiedades ofrecidas en distintos mercados latinoamericanos.
Entre los activos mencionados aparecen campos agrícolas, explotaciones forestales, grandes extensiones destinadas a conservación y propiedades rurales de alta gama en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
La empresa también menciona establecimientos ubicados en la zona agrícola argentina, propiedades en la provincia de Buenos Aires, la Patagonia y viñedos en Mendoza.
Otro punto que adquiere relevancia en el actual debate político es que la compañía señala entre sus actividades la administración y supervisión de campos por cuenta de propietarios de tierras que residen en el exterior.
El dato apareció en plena discusión de la Ley de Tierras
La actividad empresarial de Benegas Lynch tomó dimensión política precisamente cuando el Gobierno buscaba modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El oficialismo pretendía avanzar con cambios sobre las restricciones establecidas por la legislación actual, pero las dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado terminaron modificando los planes.
Ante las objeciones de legisladores aliados y la imposibilidad de garantizar una mayoría, el Gobierno finalmente decidió retirar del proyecto el capítulo referido a las tierras rurales antes de la votación.
La decisión representó un revés para el oficialismo, que debió resignar una de las reformas incluidas originalmente en la iniciativa para evitar poner en riesgo el resto del proyecto.
Un vínculo que abre interrogantes políticos
La sociedad de Benegas Lynch no fue creada a partir de la actual reforma. Glocal Terra fue constituida formalmente en 2020, varios años antes de la discusión legislativa que ahora se desarrolla en el Congreso.
Por ese motivo, la existencia de la compañía por sí misma no demuestra que la reforma haya sido impulsada para favorecer sus negocios ni permite establecer la existencia de una irregularidad.
Sin embargo, el dato introduce un elemento políticamente sensible: un senador del oficialismo mantiene una vinculación empresarial directa con una compañía especializada en inversiones, operaciones y administración de tierras, incluyendo servicios destinados a propietarios residentes en el extranjero, mientras el Gobierno impulsaba una flexibilización de las normas que regulan precisamente ese mercado.
El cruce entre la actividad privada del legislador y el debate sobre la Ley de Tierras suma así un nuevo capítulo a una controversia que terminó, al menos por ahora, con el Gobierno retirando la reforma ante la falta de votos en el Senado.
