Condenaron al exintendente de Tilcara por “cheques voladores”
La Justicia de Jujuy condenó al exintendente de Tilcara Ricardo Romero a tres años de prisión condicional y lo inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa por el libramiento de cheques sin fondos que comprometió alrededor de 35 millones de pesos de las arcas municipales.
La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado en el que Romero reconoció su responsabilidad. En el mismo proceso fue condenado Juan José Ortega, quien se desempeñaba como tesorero de la Municipalidad de Tilcara y recibió una pena de dos años de prisión condicional, además de la inhabilitación perpetua para ocupar funciones públicas.
La investigación se remonta a 2018 y quedó conocida públicamente como la causa de los “cheques voladores”. Según la acusación, durante la gestión municipal de Romero fueron emitidos 46 cheques sin respaldo financiero vinculados principalmente con gastos y contrataciones correspondientes a la organización del tradicional Enero Tilcareño.
Los cheques estaban destinados a productores, músicos y otros proveedores involucrados en las actividades organizadas por el municipio. Al momento de intentar cobrarlos, los beneficiarios se encontraron con que las cuentas municipales no disponían de fondos suficientes.
Operaciones por $35 millones
La acusación reconstruyó una serie de operaciones realizadas entre enero y febrero de 2018. Parte de los cheques fueron librados a favor del productor Adolfo Enrique Pedroza, quien había recibido la concesión para organizar y explotar comercialmente los festivales Enero y Febrero Tilcareño.
La investigación también cuestionó las condiciones de esa contratación. Según la acusación, el acuerdo fue otorgado directamente, sin licitación, sin autorización del Concejo Deliberante y en contradicción con las normas que regulaban las contrataciones y concesiones municipales.
El convenio permitía al productor percibir la totalidad de los ingresos generados por el festival, mientras debía entregar al municipio un porcentaje de la recaudación obtenida por la venta de entradas.
Los investigadores también determinaron que algunos cheques habían sido entregados bajo acuerdos que establecían que no debían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes de su vencimiento. Para la acusación, esos documentos buscaban dar una apariencia de legalidad a operaciones que carecían del respaldo administrativo correspondiente.
Una causa que incluyó pedidos de dinero
Romero también fue responsabilizado por abuso de autoridad y por un episodio ocurrido en febrero de 2018 relacionado con el pedido de dinero a una persona que reclamaba pagos adeudados por el municipio.
De acuerdo con la investigación fiscal, se habría solicitado una entrega de dinero para acelerar el libramiento de cheques pendientes y se habrían proporcionado para ello los datos de una cuenta bancaria personal perteneciente al entonces intendente.
La causa comprendió así delitos de defraudación contra la administración pública, exacciones ilegales y abuso de autoridad.
Inhabilitados de por vida
El Tribunal Colegiado de Juicio estuvo integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss. Los magistrados homologaron el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, los imputados y sus defensas, con la conformidad de las víctimas que participaron como querellantes.
Además de las penas de prisión condicional y la prohibición permanente de ejercer cargos públicos, Romero y Ortega deberán cumplir durante dos años distintas reglas de conducta.
Entre ellas se encuentran mantener domicilio, quedar bajo supervisión del Patronato de Liberados, presentarse periódicamente ante la Justicia y abstenerse de contactar, molestar o realizar actos perturbatorios contra las víctimas.
La sentencia cierra uno de los capítulos judiciales más resonantes de la política municipal de Tilcara: un expediente iniciado por irregularidades cometidas hace más de ocho años que terminó con el exintendente y su tesorero condenados e inhabilitados de por vida para regresar a la función pública.
