Tensión por un petrolero británico en Ushuaia
El Gobierno de Tierra del Fuego denunció y repudió el amarre del petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y reclamó explicaciones al Gobierno nacional, que mantiene intervenida la terminal desde enero.
La administración de Gustavo Melella calificó la situación como “inadmisible” y cuestionó que una embarcación del Reino Unido haya podido operar en el principal puerto fueguino mientras continúa vigente el conflicto de soberanía por las Islas Malvinas.
La polémica adquiere especial relevancia porque el puerto se encuentra bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La Provincia sostiene que la intervención fue justificada por Nación con argumentos vinculados, entre otros puntos, a la importancia estratégica y soberana de la terminal.
Desde el Ejecutivo fueguino reclamaron que el Gobierno de Javier Milei informe bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico.
La Ley Gaucho Rivero
El episodio volvió a poner en discusión la aplicación de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en 2011.
La norma prohíbe la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas en territorio provincial de buques británicos o de bandera de conveniencia que desarrollen actividades relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, además de embarcaciones militares.
El VS Promise es un petrolero de unos 228 metros de eslora dedicado al transporte de crudo. Antes de ingresar al puerto de Ushuaia habría realizado operaciones en la zona de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego.
Andrés Dachary, secretario provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, aseguró que no existen antecedentes de un episodio de estas características y consideró que la presencia del buque representa una situación de especial gravedad.
La Provincia vinculó además el caso con la disputa que mantiene con Nación por la intervención del puerto y exigió que la terminal vuelva a quedar bajo administración fueguina.
El episodio suma así un nuevo capítulo de tensión política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada, esta vez alrededor de uno de los temas más sensibles para la provincia: la soberanía argentina en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
