Petroleras desafían a Milei por Malvinas
Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, responsables del proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas, minimizaron las medidas anunciadas por Javier Milei y ratificaron que continuarán adelante con sus planes de explotación.
La respuesta llegó pocas horas después de la cadena nacional en la que el Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina.
Las petroleras sostuvieron que los anuncios realizados desde Buenos Aires no tendrán un impacto material sobre el desarrollo de Sea Lion y remarcaron que operan con licencias concedidas por las autoridades isleñas, bajo control británico, además de contar con el respaldo del Gobierno del Reino Unido.
El proyecto está ubicado unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y es uno de los emprendimientos petroleros más importantes previstos para el Atlántico Sur. Navitas Petroleum controla el 65% y Rockhopper el 35%. Las estimaciones difundidas sobre el área hablan de recursos que podrían alcanzar los 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras el inicio de la producción está proyectado para 2028.
La posición de las empresas representa un desafío directo a la estrategia anunciada por Milei. El Gobierno pretende modificar la Ley 26.659 para ampliar las penalidades no sólo sobre las compañías operadoras sino también sobre proveedores y otros actores vinculados a emprendimientos considerados ilegales por la Argentina. Además, anticipó que las firmas sancionadas no podrán contratar dentro del territorio nacional.
Argentina sostiene que toda exploración o explotación de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos sin autorización nacional viola sus derechos soberanos. Rockhopper y Navitas, por el contrario, reconocen las licencias concedidas por la administración británica de las islas.
Las compañías ya habían sido alcanzadas por medidas argentinas: Rockhopper fue declarada en situación ilegal y clandestina para operar en la plataforma continental y tanto ella como Navitas fueron inhabilitadas para desarrollar actividades en territorio argentino.
Pese a la firmeza del comunicado empresario, los anuncios tuvieron repercusión en los mercados: las acciones de ambas compañías registraron caídas, reflejando la incertidumbre generada por una eventual ampliación del conflicto jurídico y económico.
El episodio abre así una nueva disputa alrededor de Sea Lion. Mientras el Gobierno argentino busca aumentar el costo para las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en Malvinas, las petroleras aseguran que cuentan con suficiente respaldo político y jurídico británico para mantener intacto el proyecto.
