Diputados dio un paso clave al “Súper RIGI” impulsado por el Gobierno
El oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para ampliar los incentivos a grandes inversiones estratégicas. Mientras el Gobierno asegura que atraerá capitales y generará empleo, sectores de la oposición denuncian que se trata de un régimen diseñado para favorecer a grandes corporaciones extranjeras.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el denominado “Súper RIGI”, uno de los proyectos económicos más importantes impulsados por el gobierno de Javier Milei para profundizar el esquema de promoción de grandes inversiones en la Argentina.
La iniciativa amplía los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases, e incorpora nuevas ventajas fiscales, aduaneras, cambiarias y regulatorias destinadas a proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es generar condiciones de estabilidad y previsibilidad que permitan atraer inversiones millonarias en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y economía del conocimiento. Según la visión del Gobierno, la Argentina necesita competir con otros países por la radicación de capitales y para ello debe ofrecer reglas de juego claras y de largo plazo.
Durante el debate en comisión, funcionarios nacionales defendieron el proyecto y señalaron que la iniciativa se complementa con otras medidas como la denominada Ley de Inocencia Fiscal y el régimen para facilitar la incorporación de ahorros al circuito formal de la economía. La estrategia oficial apunta a consolidar un clima favorable para las inversiones y acelerar el ingreso de divisas.
Sin embargo, la propuesta recibió fuertes cuestionamientos de la oposición. Uno de los críticos más duros fue el diputado nacional Esteban Paulón, quien calificó al proyecto como una norma que “vende humo” y aseguró que los principales beneficiarios no serán las empresas argentinas ni las pequeñas y medianas industrias.
“El Súper RIGI es una ley que vende humo. Solo le sirve a Peter Thiel, dueño de Palantir”, sostuvo el legislador, en referencia al empresario tecnológico estadounidense y fundador de una de las compañías de análisis de datos e inteligencia artificial más importantes del mundo.
Para Paulón, el proyecto forma parte de una estrategia orientada a favorecer a grandes corporaciones extranjeras mediante beneficios excepcionales y garantías que no están disponibles para el resto del entramado productivo nacional. Según argumentó, mientras las pymes enfrentan presión tributaria, dificultades de financiamiento y caída del consumo, el Gobierno propone un régimen especial destinado a grandes grupos económicos internacionales.
Las críticas también apuntan a las cláusulas de estabilidad fiscal y regulatoria incluidas en la iniciativa. Desde sectores opositores sostienen que esos beneficios podrían limitar la capacidad futura del Estado para modificar impuestos, regulaciones o políticas económicas vinculadas a los proyectos alcanzados por el régimen.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con el eventual impacto sobre la industria nacional. Los detractores del proyecto advierten que las ventajas otorgadas a grandes inversores podrían generar condiciones desiguales de competencia y profundizar la dependencia de capitales extranjeros en áreas consideradas estratégicas.
En contraste, el oficialismo insiste en que la llegada de inversiones de gran escala generará empleo, infraestructura, exportaciones y nuevas oportunidades para proveedores locales. Además, argumenta que sin incentivos especiales resulta difícil competir con países que ofrecen condiciones similares para atraer proyectos multimillonarios.
Con el dictamen de mayoría ya firmado, el “Súper RIGI” quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados. Allí se anticipa una fuerte discusión política entre quienes lo presentan como una herramienta clave para el crecimiento económico y quienes lo consideran un régimen de privilegios destinado a beneficiar a grandes actores internacionales.
El debate se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar en el Congreso una serie de reformas económicas orientadas a profundizar la apertura y la desregulación, mientras la oposición advierte sobre los riesgos de ceder capacidad de control estatal y otorgar ventajas extraordinarias a sectores concentrados de la economía.
