Diputados analizaron la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal
Funcionarios nacionales expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre los alcances del nuevo régimen impulsado por el Gobierno. La iniciativa busca modificar los criterios de fiscalización y reducir los controles sobre el origen de fondos en determinadas operaciones económicas.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos promovidos por el gobierno de Javier Milei para reformular el sistema tributario y los mecanismos de control sobre los contribuyentes.
Durante la reunión informativa participaron funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo, quienes explicaron los objetivos de la iniciativa y respondieron consultas de legisladores oficialistas y opositores. El debate se centró en los alcances de las modificaciones propuestas y en el impacto que podrían tener sobre los sistemas de fiscalización tributaria.
Desde el Gobierno sostienen que el proyecto apunta a fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes, limitar la discrecionalidad estatal y facilitar la incorporación al circuito formal de recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero. Según la postura oficial, la reforma busca dejar atrás un esquema basado en la presunción de culpabilidad fiscal y avanzar hacia un modelo que privilegie la buena fe de los ciudadanos.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la redefinición de los mecanismos de investigación patrimonial y de control por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableciendo nuevos parámetros para la determinación de inconsistencias fiscales y para el inicio de procesos de fiscalización.
Funcionarios del Ministerio de Economía defendieron la propuesta argumentando que permitirá ampliar la base de contribuyentes, incentivar la inversión y promover la utilización de fondos actualmente mantenidos fuera del sistema formal. La medida se vincula además con el denominado programa de exteriorización de activos y con la estrategia oficial orientada a captar los llamados “dólares del colchón”.
Desde los bloques opositores surgieron cuestionamientos vinculados a los controles sobre el lavado de dinero, la evasión fiscal y la transparencia financiera. Algunos legisladores plantearon dudas sobre la capacidad del Estado para verificar el origen de los fondos que ingresen al circuito económico bajo las nuevas reglas y reclamaron mayores precisiones sobre los mecanismos de supervisión previstos.
También se discutió el eventual impacto de la norma en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, un aspecto que el oficialismo aseguró tener contemplado en la redacción del proyecto.
La denominada Ley de Inocencia Fiscal forma parte del paquete económico impulsado por el Gobierno para profundizar la desregulación de la economía y promover una mayor circulación de capitales. Sus defensores consideran que permitirá reducir trabas burocráticas y recuperar recursos hoy fuera del sistema formal, mientras que sus críticos advierten sobre posibles riesgos en materia de control tributario y financiero.
Tras la exposición de los funcionarios, el debate continuará en comisión antes de que la iniciativa pueda ser llevada al recinto para su tratamiento. El proyecto se perfila como una de las discusiones económicas más relevantes de las próximas semanas en el Congreso Nacional.
