La Ciudad endurece la ofensiva contra los trapitos
La Legislatura porteña aprobó modificaciones al Código Contravencional que incrementan las sanciones para quienes cobren de manera ilegal por estacionar vehículos o cuidar autos en la vía pública. El Gobierno de la Ciudad asegura que busca recuperar el espacio público y combatir prácticas extorsivas.
El gobierno de Jorge Macri logró avanzar con una reforma que endurece las sanciones contra los denominados “trapitos” en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, aprobada por la Legislatura porteña, eleva las penas para quienes exijan dinero por estacionar vehículos o realizar actividades de cuidado informal de autos en la vía pública sin autorización.
Entre las principales modificaciones se encuentra la posibilidad de aplicar hasta 60 días de arresto a quienes reincidan en este tipo de conductas. Además, se incrementan las multas y se amplían las facultades de intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia Contravencional.
Desde la administración porteña sostienen que la medida apunta a combatir situaciones de extorsión que suelen registrarse en inmediaciones de estadios, recitales, centros comerciales y eventos masivos. Según el Ejecutivo, numerosos vecinos denuncian desde hace años que se ven obligados a pagar sumas de dinero para estacionar en espacios públicos o para evitar daños en sus vehículos.
“El espacio público no puede estar tomado por organizaciones que lucran de manera ilegal y generan situaciones de intimidación”, señalaron desde el entorno del jefe de Gobierno al defender la reforma.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Jorge Macri en materia de seguridad urbana y control del espacio público. Durante los últimos meses la Ciudad reforzó operativos contra manteros, ocupaciones ilegales y distintas actividades consideradas irregulares por la administración porteña.
Sin embargo, la medida también despertó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones sociales. Algunos legisladores advirtieron que el endurecimiento de las penas podría criminalizar situaciones de vulnerabilidad social y reclamaron políticas de inclusión laboral para quienes desarrollan estas actividades como medio de subsistencia.
Desde esos sectores sostienen que detrás del fenómeno de los trapitos existe una problemática económica y social que no puede resolverse únicamente mediante sanciones penales o contravencionales. También plantearon la necesidad de distinguir entre redes organizadas que ejercen prácticas extorsivas y personas que realizan tareas informales por falta de oportunidades laborales.
El oficialismo rechaza esos cuestionamientos y afirma que la reforma apunta específicamente a conductas que afectan la convivencia urbana y generan temor entre vecinos y conductores. Además, remarcan que la actividad ya se encontraba prohibida y que la nueva legislación simplemente fortalece las herramientas para hacer cumplir la norma.
Con la entrada en vigencia de los cambios, la Ciudad buscará intensificar los controles en las zonas donde históricamente se concentra la actividad de los trapitos, especialmente durante espectáculos deportivos y culturales de gran convocatoria.
La reforma se inscribe en una de las principales banderas de gestión de Jorge Macri: el ordenamiento del espacio público y el fortalecimiento de las políticas de seguridad, un eje que el jefe de Gobierno pretende convertir en uno de los pilares de su administración.
