Gremios y vecinos impulsan una ley para vendedores ambulantes
Organizaciones sindicales, referentes barriales y trabajadores de Once comenzaron a elaborar una propuesta para regular la actividad. Denuncian decomisos, hostigamiento policial y falta de alternativas laborales, mientras el Gobierno porteño defiende su política de recuperación del espacio público.
Vendedores ambulantes de Once y Balvanera comenzaron a organizar una estrategia conjunta con gremios y agrupaciones vecinales para reclamar un marco legal que les permita continuar trabajando sin sufrir el secuestro de mercadería ni nuevos operativos de desalojo.
Representantes de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once participaron de una reunión en la sede porteña de la Asociación Trabajadores del Estado junto con integrantes de la CTA Autónoma, la Defensoría del Laburante y vecinos de la zona.
El objetivo es avanzar en la redacción de un proyecto que establezca condiciones claras para desarrollar la actividad en el espacio público, con permisos, lugares delimitados y mecanismos que diferencien a quienes venden productos para subsistir de las estructuras dedicadas a comercializar mercadería falsificada.
Los trabajadores sostienen que actualmente no pueden instalar mantas ni puestos y que, incluso cuando caminan con los productos en la mano, son interceptados por inspectores o efectivos policiales. También denuncian golpes, seguimiento hasta sus domicilios y procedimientos en los que la mercadería decomisada no es restituida.
Reclamo por la mercadería decomisada
La Ciudad sostiene que los productos secuestrados son trasladados a depósitos oficiales dependientes del Ministerio de Espacio Público o de la Agencia Gubernamental de Control. Parte de los artículos puede ser donada, mientras que aquellos vinculados con infracciones o causas judiciales quedan sujetos a la decisión de las autoridades intervinientes.
Los vendedores cuestionan la falta de información sobre el destino final de los productos y afirman que, en numerosos casos, pierden la totalidad del capital utilizado para trabajar.
Desde la CTA Autónoma señalaron que acompañarán el reclamo y buscarán impulsar una regulación que permita preservar las fuentes laborales. También anticiparon que procurarán abrir canales de diálogo con la Legislatura porteña y las autoridades comunales.
La política de control del espacio público
La administración de Jorge Macri presenta los operativos como parte de una política destinada a ordenar las veredas, garantizar la circulación y proteger a los comercios habilitados.
Según cifras difundidas por el Gobierno porteño, durante los primeros dos años de gestión fueron intervenidos 13 espacios ocupados por manteros y desplazados más de 19.000 vendedores. La Ciudad estimó que esos circuitos movilizaban alrededor de 1.900 millones de pesos en ventas ilegales y aseguró que los procedimientos beneficiaron a más de 1,6 millones de vecinos y comerciantes.
En Once, el operativo de mayor magnitud se realizó en octubre de 2024, luego de una investigación judicial que incluyó más de 200 allanamientos en depósitos presuntamente vinculados con la comercialización de productos apócrifos. Desde entonces, la zona permanece bajo controles diarios de inspectores y fuerzas de seguridad.
Durante 2026 también se realizaron procedimientos en comercios de Balvanera por la venta de juguetes sin certificación, vapeadores prohibidos y otros productos considerados potencialmente riesgosos. En marzo, la Justicia porteña informó el secuestro de más de 1.100 juguetes apócrifos en un establecimiento de Once.
Una discusión que vuelve a la agenda
El debate no es nuevo. En años anteriores se presentaron iniciativas legislativas para reconocer y regular el trabajo de vendedores ambulantes y puesteros, con la intención de evitar que las intervenciones policiales recaigan de la misma manera sobre trabajadores de subsistencia y redes dedicadas a la falsificación de marcas.
Esos proyectos plantearon que la venta callejera no constituye por sí sola un delito, aunque puede generar sanciones cuando implica la ocupación no autorizada del espacio público o la comercialización de productos falsificados. También propusieron registros, permisos temporales, capacitaciones y espacios específicos de venta.
Los vecinos que acompañan el reclamo sostienen que los operativos se concentran sobre quienes venden ropa, medias o alimentos, mientras persisten otras actividades ilegales en Balvanera. También denunciaron la actuación de agrupaciones particulares que, según afirman, hostigan a vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
El conflicto enfrenta dos posiciones: la del Gobierno porteño, que considera indispensable evitar la ocupación irregular de las veredas, y la de trabajadores y organizaciones sociales, que reclaman una alternativa antes de quitarles su principal fuente de ingresos.
La nueva propuesta buscará trasladar esa discusión a la Legislatura y establecer un esquema que combine el ordenamiento del espacio público con el derecho al trabajo.
