Santa Fe aprobó la Ley Ema contra la violencia digital
La provincia se convirtió en la primera del país en establecer un sistema específico para prevenir y abordar el acoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial en las escuelas.
La Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley Ema, una norma que crea el Sistema Provincial para la Prevención y el Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo.
La iniciativa fue aprobada por el Senado provincial después de haber recibido el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. Su aplicación alcanzará a los establecimientos educativos públicos y privados de todo el territorio santafesino.
La norma parte de una premisa central: lo que sucede en los entornos virtuales tiene consecuencias reales en la vida de los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas.
Una ley nacida de una tragedia
La legislación lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió en 2024, luego de que imágenes íntimas fueran difundidas sin su consentimiento entre estudiantes de su escuela.
Su madre, Laura Sánchez, comenzó a impulsar herramientas que permitieran prevenir estos hechos y garantizar que las víctimas recibieran una respuesta institucional adecuada.
El proyecto fue promovido en Santa Fe por la diputada Celia Arena, junto con familiares, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Qué se considera violencia digital
La Ley Ema define la violencia digital como cualquier conducta, acción u omisión realizada, promovida o agravada mediante el uso de tecnologías que provoque daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos o morales.
Entre las situaciones contempladas se encuentran la obtención y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el hostigamiento virtual, la extorsión, el espionaje digital, la suplantación de identidad y la divulgación de datos personales.
La norma también incorpora los discursos de odio, la discriminación en las redes sociales y la creación o manipulación de fotografías y videos mediante sistemas de inteligencia artificial, incluidos los contenidos conocidos como deepfakes.
La legislación provincial no incorpora por sí misma nuevos delitos al Código Penal, sino que crea obligaciones, protocolos y mecanismos de prevención, intervención y acompañamiento dentro del sistema educativo.
Intervención inmediata y acompañamiento
Ante la difusión de material íntimo, las instituciones deberán activar una intervención urgente, comunicarse con los organismos de protección correspondientes y gestionar ante las plataformas digitales la eliminación del contenido.
Las víctimas tendrán acceso a acompañamiento psicológico, jurídico y digital. También se deberán evitar respuestas que las responsabilicen, expongan nuevamente su intimidad o minimicen las consecuencias del hecho.
El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación y deberá conformar equipos interdisciplinarios para asistir a las escuelas y coordinar las intervenciones en los distintos departamentos de la provincia.
La ley prioriza un enfoque educativo y reparador, orientado al reconocimiento del daño, el acompañamiento de las víctimas y la prevención de nuevas situaciones de violencia.
Capacitación para docentes y familias
La nueva legislación dispone la incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, uso responsable de las tecnologías y respeto por la dignidad de las personas.
También establece la capacitación permanente de docentes, directivos, equipos de orientación y personal no docente para detectar los casos y actuar sin demoras.
Las familias participarán mediante talleres y mesas de trabajo, mientras que los centros de estudiantes podrán intervenir como promotores de derechos y agentes de prevención.
Con la sanción de la Ley Ema, Santa Fe busca que las escuelas cuenten con herramientas claras para actuar frente a una problemática que crece al ritmo de las redes sociales y las nuevas tecnologías.
La sanción, el alcance educativo y las principales herramientas de intervención fueron contrastados con el texto legislativo informado y con la cobertura de medios nacionales y provinciales.
