Kicillof rechazó las inspecciones de Nación en escuelas bonaerenses
La Provincia instruyó a directivos e inspectores a no entregar información a funcionarios nacionales durante el paro docente. El Gobierno de Javier Milei sostiene que Educación es un servicio esencial y advirtió que podría avanzar con actuaciones por obstrucción y sanciones contra los gremios.
El conflicto entre los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo durante el paro nacional docente convocado por CTERA. La provincia de Buenos Aires rechazó el operativo dispuesto por la Secretaría de Trabajo de la Nación para verificar el nivel de actividad en las escuelas y ordenó a las autoridades educativas bonaerenses que no suministraran información a los inspectores nacionales.
La decisión provincial fue comunicada a inspectores regionales y distritales, equipos de conducción y autoridades de establecimientos educativos. Desde la administración de Kicillof argumentaron que Nación no tiene facultades para fiscalizar el empleo público provincial y calificaron la intervención como un avance sobre la autonomía bonaerense.
Nación advierte que podría haber consecuencias
La respuesta del Gobierno nacional fue inmediata. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que los establecimientos deben facilitar la información solicitada y aseguró que impedir una inspección o negarse a entregar datos puede derivar en un acta por obstrucción a la autoridad.
El operativo había sido dispuesto para controlar el cumplimiento del piso de actividad establecido por la nueva Ley de Modernización Laboral, que considera a la educación un servicio esencial y exige garantizar una cobertura mínima del 75% durante una medida de fuerza. Para realizar el relevamiento, la Secretaría de Trabajo movilizó inspectores de sus 43 agencias territoriales en distintos puntos del país.
Desde Nación aclararon que las eventuales sanciones por incumplimiento del servicio mínimo no estarían dirigidas contra los docentes que participaron individualmente del paro, sino contra los sindicatos responsables de convocar la medida de fuerza. La normativa contempla distintas penalidades y, ante incumplimientos reiterados, podría llegar incluso a afectar la personería gremial.
La Provincia cuestiona la competencia de Nación
El gobierno bonaerense presentó además un planteo formal ante la Secretaría de Trabajo para exigir que se abstenga de pedir información a las instituciones educativas de la Provincia.
La administración de Kicillof sostiene que la fiscalización del personal de las escuelas provinciales corresponde exclusivamente a la jurisdicción bonaerense y que un organismo administrativo nacional no puede ejercer facultades de control o sanción sobre competencias reservadas a las provincias.
Por ese motivo, las autoridades educativas recibieron instrucciones de limitarse a comunicar a los inspectores nacionales que, según la interpretación provincial, carecen de competencia para efectuar el relevamiento.
Nación apuntó contra Buenos Aires
Luego de la jornada de paro, la Casa Rosada aseguró que CABA, Mendoza, San Luis y Santa Fe consiguieron superar el mínimo de actividad exigido, mientras que en Entre Ríos, Chubut y San Juan el Gobierno informó un bajo acatamiento de la huelga.
En cambio, desde Nación acusaron a la provincia de Buenos Aires de haber obstaculizado la recopilación de información, por lo que no pudieron determinar mediante sus inspectores el nivel de funcionamiento de las escuelas bonaerenses.
El Gobierno también cuestionó los motivos de la protesta. Funcionarios nacionales remarcaron que las negociaciones salariales docentes dependen principalmente de cada jurisdicción y consideraron que el paro adquirió un carácter político.
CTERA, por su parte, aseguró que la huelga tuvo “altísimo acatamiento” y fundamentó la medida en el reclamo por una convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El episodio profundizó así la disputa política y jurídica entre Nación y la provincia de Buenos Aires, esta vez alrededor de un punto particularmente sensible: quién tiene potestad para controlar el funcionamiento de las escuelas bonaerenses durante un paro y hasta dónde puede intervenir el Gobierno nacional en un sistema educativo administrado por las provincias.
