Ley de Tierras: el Gobierno cambia el proyecto para asegurar votos en el Senado
La Libertad Avanza modificó a último momento el capítulo sobre tierras rurales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante las resistencias de aliados, abandonó la eliminación total de los límites a las compras extranjeras y propone elevar el tope actual del 15% al 25%. La oposición advierte que la nueva redacción mantiene fuertes flexibilizaciones.
El Gobierno nacional volvió a modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios para su tratamiento en el Senado, previsto para este jueves 6 de agosto. La discusión se concentra especialmente en el capítulo que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La versión original impulsada por el Ejecutivo buscaba eliminar prácticamente todas las restricciones contempladas por la Ley 26.737. Sin embargo, las objeciones planteadas por legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales obligaron al oficialismo a renegociar el texto.
Del 15% al 25%
El principal cambio consiste en establecer un límite del 25% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada provincia. De esta manera, el Gobierno abandona su propuesta inicial de eliminar completamente el tope.
La Ley 26.737 establece un límite del 15%, que se calcula sobre el territorio nacional y también sobre cada provincia, municipio o unidad administrativa equivalente. Además, dispone que personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% del cupo permitido y fija un máximo de 1.000 hectáreas —o su superficie equivalente— para un mismo titular extranjero.
El punto cuestionado de la nueva propuesta es que el 25% se computaría exclusivamente a escala provincial, eliminando los límites específicos por municipio o departamento. Para sectores opositores y especialistas en la materia, esta modificación podría permitir una concentración muy elevada de tierras extranjeras en determinadas regiones sin superar el porcentaje total provincial.
Persisten otros cambios
Las críticas no se limitan al porcentaje. El nuevo esquema también flexibilizaría otras restricciones contempladas en el régimen actual.
Entre ellas se encuentran los límites vinculados con la cantidad de hectáreas que puede acumular un mismo propietario extranjero y las restricciones sobre inmuebles que contienen o son ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, como ríos, lagos o glaciares.
También se discuten modificaciones para las adquisiciones en zonas de seguridad de frontera. El nuevo borrador establece mecanismos de autorización conjunta entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales para determinados casos.
La Casa Rosada incorporó además un mecanismo de “doble aval” para operaciones realizadas por sociedades con participación estatal extranjera: deberían contar con autorización tanto de la Nación como de la provincia correspondiente.
Negociaciones hasta último momento
Los cambios surgieron después de varias postergaciones del tratamiento y de las dificultades del oficialismo para reunir una mayoría estable. El pasado 16 de julio, el Senado pasó a cuarto intermedio y dejó pendiente la discusión hasta el 6 de agosto.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó las negociaciones con senadores aliados, mientras el Gobierno terminó de definir este martes la redacción junto con su mesa política en Casa Rosada. El texto acumula numerosas modificaciones respecto de la iniciativa original.
A diferencia de la situación reflejada inicialmente por distintos medios, este martes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo logró recomponer los apoyos y afirmó que espera una sesión “bastante ordenada”. Sin embargo, la correlación definitiva de fuerzas se conocerá recién cuando los senadores se sienten en sus bancas y comience la votación.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y otorgar mayor libertad para disponer de la propiedad privada, sectores opositores, organizaciones ambientales, excombatientes de Malvinas y entidades sociales cuestionan el aumento de la participación extranjera sobre tierras rurales y recursos considerados estratégicos.
El capítulo de tierras aparece así como el punto más sensible del proyecto y será uno de los aspectos decisivos de la sesión del jueves.
