El Súper RIGI entra en la recta final en el Senado
El Gobierno busca acelerar en el Senado la aprobación del denominado “Súper RIGI”, un régimen especial destinado a atraer inversiones de gran escala hacia nuevas industrias vinculadas con sectores tecnológicos, biotecnología, energías renovables, infraestructura digital e inteligencia artificial.
Este miércoles 19 de agosto, a las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomarán el cuarto intermedio para realizar la última reunión informativa antes de avanzar hacia la firma del dictamen. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
A diferencia del RIGI creado por la Ley Bases, el nuevo esquema apunta específicamente a actividades económicas nuevas y establece un piso de inversión mucho más elevado: los proyectos deberán comprometer al menos US$1.000 millones, frente a los US$200 millones contemplados como referencia inicial en el régimen original.
Entre los principales beneficios previstos se encuentra una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para cancelar IVA, una alícuota del 10% para contribuciones patronales y ventajas especiales para la distribución de dividendos.
También contempla exenciones de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y una apertura progresiva para disponer de las divisas obtenidas por exportaciones. Al tercer año, las compañías comprendidas podrían acceder al 100% de los dólares generados por sus ventas externas.
Uno de los aspectos centrales es la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. El período para solicitar la adhesión al régimen sería de cinco años desde su reglamentación, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
El proyecto, sin embargo, genera cuestionamientos entre sectores de la oposición, universidades e investigadores. Las críticas se concentran en la magnitud de los beneficios concedidos a grandes corporaciones, las limitaciones que podría imponer a futuras regulaciones estatales y la falta de obligaciones más exigentes sobre generación de empleo, transferencia tecnológica y contratación de proveedores nacionales.
Otro punto controvertido es el “Compre Nacional”. El texto aprobado por Diputados flexibilizó la exigencia de contratar proveedores argentinos: las empresas locales tendrán prioridad únicamente cuando puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las internacionales.
La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones. Ahora el oficialismo busca conseguir el dictamen del Senado y llevar el proyecto al recinto como una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer capitales internacionales hacia sectores considerados estratégicos.
