CABA endurece controles sobre las cooperativas de reciclado
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que reforzará la fiscalización de las 12 cooperativas que tienen a su cargo la recolección diferenciada de residuos reciclables. La decisión de la gestión de Jorge Macri se apoya en reclamos vecinales y en irregularidades operativas que, según el Ejecutivo porteño, fueron detectadas durante la prestación del servicio.
El nuevo esquema forma parte del denominado Plan de Ordenamiento Urbano y buscará controlar con mayor precisión cómo, cuándo y en qué condiciones trabajan las organizaciones que integran el sistema formal de reciclado de la Ciudad.
Entre los problemas señalados por el Gobierno aparecen incumplimientos de horarios, falta de trazabilidad de los recorridos, utilización incorrecta de uniformes y herramientas y residuos que quedan dispersos en veredas o bloqueando contenedores después de la recolección.
Seguimiento en tiempo real
Uno de los principales cambios será la implementación de un sistema de monitoreo permanente de los recorridos realizados por las cooperativas.
La Ciudad pretende contar con información en tiempo real para verificar horarios, recorridos, presentismo y utilización de las herramientas asignadas a cada organización.
No se trata de un mecanismo completamente nuevo. El Gobierno porteño ya dispone del Sistema de Gestión Integral de Reciclado (GIRE), una plataforma creada para seguir la trazabilidad de los residuos desde su recolección hasta su tratamiento y controlar diferentes aspectos de la actividad de los recuperadores urbanos.
Ahora la administración de Jorge Macri busca profundizar ese mecanismo y vincular los resultados directamente con la evaluación de las cooperativas.
Indicadores y responsabilidades
Otro de los puntos será establecer estándares de calidad e indicadores objetivos de desempeño.
El Gobierno sostiene que cada cooperativa deberá tener responsabilidades claramente identificadas sobre la zona que tiene asignada y responder por deficiencias en el servicio.
También se implementarán procedimientos específicos para evitar que bolsas, cartones y otros materiales queden desparramados alrededor de los contenedores o frente a edificios y comercios.
La intención oficial es medir periódicamente los resultados y utilizar esos indicadores para determinar si cada organización cumple con las obligaciones previstas en los contratos.
La administración porteña ya venía aplicando un sistema de puntaje o “scoring” que permite descontar puntos a las cooperativas frente a incumplimientos operativos.
Un sistema que involucra a miles de recuperadores
El reciclado porteño está organizado alrededor de 12 cooperativas que trabajan en diferentes comunas y reúnen a más de 6.000 recuperadores urbanos, según cifras oficiales.
Las organizaciones se encargan de recolectar materiales reciclables, trasladarlos y clasificarlos en los Centros Verdes de la Ciudad.
Los contratos actuales fueron adjudicados mediante el Concurso Público de 2021 y posteriormente prorrogados. En varios casos, la extensión vigente alcanza hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta que entre en funcionamiento una nueva contratación.
Por eso, el endurecimiento de los controles aparece en un momento especialmente sensible: la Ciudad está definiendo cómo continuará funcionando el sistema una vez vencido el actual esquema.
El conflicto con los cartoneros
El anuncio se produce además en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno porteño y las organizaciones de recuperadores.
Las cooperativas cuestionan el proceso de reorganización y advierten que una futura licitación podría alterar un modelo de reciclado con inclusión social construido durante más de dos décadas. Organizaciones del sector aseguran que están comprometidos alrededor de 7.000 puestos de trabajo y reclaman participar de la definición del nuevo sistema.
El 19 de agosto, cooperativas y trabajadores realizaron una protesta frente a dependencias de Higiene Urbana para reclamar la continuidad del modelo y rechazar lo que consideran un proceso de privatización del servicio.
El Gobierno, por su parte, sostiene que no busca eliminar el reciclado cooperativo sino ordenar su funcionamiento, aumentar la eficiencia y garantizar que los recursos públicos tengan resultados verificables.
Una disputa que viene de meses atrás
La tensión había aumentado cuando Jorge Macri decidió dejar de financiar el traslado desde el conurbano de unos 3.100 recuperadores pertenecientes a cuatro cooperativas.
La Ciudad estimó entonces que ese sistema representaba alrededor de $6.000 millones anuales y argumentó que generaba una desigualdad porque otros trabajadores del sector no recibían el mismo beneficio.
El Ejecutivo prometió redireccionar esos recursos hacia infraestructura de los Centros Verdes, mejoras en las rutas de recolección y aumento de la capacidad operativa.
Las organizaciones vinculadas a los cartoneros rechazaron esa decisión y sostuvieron que el transporte formaba parte del funcionamiento integral del sistema y permitía que miles de trabajadores llegaran diariamente a sus zonas de recolección.
El nuevo capítulo profundiza ahora aquella discusión. Más allá del objetivo ambiental, detrás del reciclado porteño se abre una disputa política, económica y laboral sobre quién administrará el sistema, bajo qué condiciones trabajarán las cooperativas y qué lugar conservarán los recuperadores urbanos en el modelo que la Ciudad prepara para los próximos años.
