Deuda familiar: el Congreso desafía al Gobierno
El creciente endeudamiento de los hogares argentinos comenzó a convertirse en uno de los principales focos de tensión entre el Congreso y el Gobierno nacional. Mientras la Casa Rosada insiste en que las deudas constituyen un problema entre particulares, en Diputados y el Senado se acumulan cerca de 30 proyectos que buscan establecer mecanismos de refinanciación y asistencia para quienes ya no pueden afrontar sus obligaciones.
El avance legislativo coincide con un fuerte incremento de la morosidad. Según datos difundidos a partir de estadísticas del Banco Central, 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a los 90 días, mientras el incumplimiento de los créditos otorgados a los hogares continúa creciendo.
Casi 30 proyectos buscan una salida
Las propuestas presentadas por diferentes sectores políticos no responden a un único modelo. Algunas plantean refinanciar las obligaciones acumuladas, otras limitar cuánto puede representar una cuota sobre los ingresos familiares y también existen iniciativas destinadas a reducir intereses moratorios y punitorios.
Uno de los proyectos propone crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante créditos canalizados a través de ANSES para trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de menores ingresos.
La iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones y establece que la cuota mensual no pueda superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.
Otra propuesta contempla una quita mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios y planes de hasta 60 meses para regularizar las obligaciones.
También existen proyectos que buscan crear mecanismos especiales para quienes se endeudaron para afrontar gastos esenciales como alimentos, vivienda, servicios públicos, medicamentos, salud o educación.
En el Senado también comenzaron a aparecer iniciativas. Entre ellas se encuentra un Régimen de Desendeudamiento de las Familias Argentinas presentado por Jorge Capitanich, que ingresó formalmente en marzo y fue girado a distintas comisiones.
El Gobierno anticipa resistencia
El crecimiento de las iniciativas genera preocupación dentro de La Libertad Avanza porque evidencia que el endeudamiento logró instalarse como un problema político y aumenta la posibilidad de que distintos sectores opositores terminen unificando posiciones.
En el oficialismo ya anticipan cuál podría ser la respuesta en caso de que el Congreso apruebe una intervención amplia sobre las deudas familiares: el veto presidencial.
La estrategia de la oposición, sin embargo, enfrenta sus propias dificultades. La existencia de casi 30 proyectos diferentes fragmenta las posiciones y obliga a negociar un texto común antes de intentar avanzar hacia un dictamen.
Peronismo, izquierda y sectores de bloques provinciales mantienen conversaciones, pero necesitarían además sumar legisladores radicales, del PRO y de otras bancadas para construir una mayoría suficiente.
El endeudamiento llegó a la calle
La discusión dejó de limitarse al Congreso. El jueves 20 de agosto la CGT, la UTEP, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al crecimiento de la deuda y la morosidad.
Las organizaciones sindicales cuestionaron la explicación oficial de que se trata exclusivamente de acuerdos entre particulares y vincularon el fenómeno con la caída de los ingresos, el incremento de las tasas y la utilización creciente del crédito para financiar consumos básicos.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense señaló que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que el 73,5% de quienes recurrieron al financiamiento todavía mantiene deudas activas.
La cuestión comienza así a instalarse como uno de los debates económicos y sociales con potencial para atravesar la agenda electoral de 2027. Para el Gobierno, aceptar una intervención significaría apartarse de su posición de no involucrar al Estado en contratos privados. Para la oposición, el desafío será transformar la multiplicidad de proyectos en una propuesta común capaz de reunir una mayoría parlamentaria.
