El Gobierno prepara una reforma profunda de la Justicia
Mientras sigue pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, el Gobierno avanza en otro proyecto de fuerte impacto institucional: una reforma de la estructura de la Justicia federal y nacional que contempla eliminar tribunales, crear otros y reorganizar juzgados con el argumento de hacer más eficiente el sistema.
La iniciativa está siendo terminada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y uno de sus puntos centrales será la modificación de la organización de la Justicia Federal.
Menos juzgados en Comodoro Py
Entre los cambios que se encuentran bajo análisis aparece una reducción significativa de la estructura de Comodoro Py.
El proyecto prevé disminuir de 12 a ocho los juzgados federales de primera instancia y reducir de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma no consistirá únicamente en cerrar dependencias. También se analiza crear nuevos tribunales y redistribuir competencias de acuerdo con la cantidad y características de las causas que tramita cada jurisdicción.
La intención oficial es revisar una estructura judicial que consideran sobredimensionada en algunos sectores y deficitaria en otros.
Buscan reducir las vacantes
La reorganización tendría además un efecto directo sobre uno de los problemas históricos de la Justicia: la cantidad de cargos sin cubrir.
Durante 2026 el Poder Ejecutivo ya envió 203 pliegos al Senado: 144 corresponden a candidatos a jueces, 26 a fiscales, 25 a defensores y otros integran listas de conjueces.
Hasta el momento fueron designados 96 funcionarios y otros 85 candidatos permanecen pendientes del acuerdo parlamentario.
La Casa Rosada pretende llegar a aproximadamente 300 postulaciones antes de finalizar el año y reducir el porcentaje de vacantes judiciales, que al comienzo del proceso rondaba el 35%.
La eliminación y reorganización de determinados cargos permitiría achicar automáticamente esa cantidad de puestos pendientes de cobertura.
Menos subrogancias y causas atrasadas
Otro de los objetivos declarados es disminuir el número de expedientes acumulados y reducir la utilización de jueces subrogantes para cubrir juzgados vacantes.
El Gobierno pretende redistribuir recursos, personal y competencias para acelerar la resolución de causas y evitar que determinados tribunales permanezcan durante largos períodos sin un magistrado titular.
También se estudia destinar a las provincias parte de los recursos que queden disponibles como consecuencia de la reducción de estructuras judiciales nacionales.
El traspaso de la Justicia a la Ciudad
La reforma volvería a impulsar otro debate pendiente desde hace décadas: el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno pretende avanzar con la transferencia de competencias y recursos hacia la administración porteña, profundizando un proceso que comenzó años atrás pero que todavía mantiene bajo jurisdicción nacional una parte importante de los tribunales que intervienen exclusivamente en conflictos ocurridos en la Ciudad.
La Justicia electoral, un punto sensible
Uno de los capítulos que genera mayores cuidados dentro del Ejecutivo es el relacionado con los juzgados federales con competencia electoral.
Estos tribunales tienen intervención directa en cuestiones estratégicas para los partidos políticos, como la oficialización de candidaturas y listas, el reconocimiento de personerías partidarias y diferentes aspectos vinculados con la organización de las elecciones.
Con las presidenciales de 2027 cada vez más cerca, cualquier modificación en este sector podría generar una fuerte discusión política en el Congreso.
El Código Penal sigue demorado
En paralelo, continúa pendiente la reforma del Código Penal.
El primer borrador elaborado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona contemplaba una renovación prácticamente integral del Código vigente desde 1921 y superaba los 900 artículos.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia se decidió revisar ese proyecto. El nuevo ministro propuso una modificación más acotada, basada en reformar la estructura actualmente vigente en lugar de reemplazar completamente el Código.
Las diferencias dentro del propio Gobierno frenaron inicialmente la iniciativa. Mientras un sector impulsaba una reforma parcial, desde áreas vinculadas a Santiago Caputo defendían una modificación más amplia.
Actualmente circula una versión cercana a los 300 artículos sobre la que existiría mayor consenso interno, aunque todavía no fue enviada al Congreso.
De esta manera, el Gobierno prepara simultáneamente dos reformas de fuerte impacto institucional: una modificación del sistema penal y una reorganización de la estructura judicial. El desafío será conseguir los consensos parlamentarios necesarios para avanzar con cambios que podrían modificar significativamente el funcionamiento de la Justicia argentina.
