Sembrar en las banquinas
En medio de la crisis de recursos municipales, el peronismo bonaerense impulsa proyectos para que los intendentes puedan generar ingresos con el uso productivo de banquinas y franjas rurales. La iniciativa abre una discusión sobre financiamiento local, seguridad vial y administración de bienes públicos.
La Legislatura bonaerense comenzó a discutir una propuesta para que los municipios puedan sumar recursos propios a través del uso productivo de banquinas y tierras adyacentes a rutas y caminos provinciales.
La iniciativa más reciente fue presentada por la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, referente del Frente Renovador, y apunta a modificar la Ley 10.342, sancionada en 1985, que actualmente permite a los municipios otorgar permisos de uso sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial, pero excluye expresamente las superficies reservadas para banquinas.
El proyecto busca incorporar esos espacios al régimen de permisos, siempre con autorización previa de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y bajo criterios de seguridad vial. Para eso, plantea la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que permitiría ordenar, controlar y fiscalizar qué sectores pueden ser utilizados y bajo qué condiciones.
La discusión aparece en un contexto de fuerte tensión financiera para los municipios. La caída de la coparticipación, las dificultades para cobrar tasas locales y el aumento de los gastos operativos empujaron a varios intendentes a reclamar nuevas herramientas para generar ingresos propios. En algunos distritos, incluso, la falta de fondos puso en tensión el pago de aguinaldos y el sostenimiento de servicios básicos.
La ley vigente establece que los permisos de uso deben ser precarios, onerosos y por un plazo máximo de un año, con posibilidad de renovación. También dispone que esos espacios solo pueden destinarse a siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas u otras explotaciones compatibles con las características del lugar. Además, obliga al control de plagas y malezas y exige prácticas conservacionistas para evitar la erosión del suelo.
El régimen actual también fija un destino específico para lo recaudado: el 60% debe ir al Consejo Escolar, el 20% a Bomberos Voluntarios o entidades de bien público y el 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal. Ese punto es uno de los ejes de la discusión política, porque algunos intendentes reclaman que los fondos tengan mayor margen de libre disponibilidad en un escenario de emergencia fiscal.
Rasquetti sostiene que la exclusión de las banquinas genera un doble problema: por un lado, deja sin uso miles de hectáreas lineales de suelo fértil; por otro, priva a los municipios de una fuente legítima de recaudación. Según la legisladora, la puesta en valor de esos espacios permitiría dinamizar economías locales, fortalecer el empleo rural y semiurbano y aportar recursos para obras de infraestructura, mantenimiento vial y políticas de seguridad ciudadana.
El debate, sin embargo, no está exento de reparos. Las banquinas cumplen una función esencial en la seguridad vial: permiten detenciones de emergencia, maniobras de recuperación y mejor visibilidad en rutas y caminos. Por eso, cualquier autorización para su uso productivo deberá dejar márgenes libres, evitar cultivos altos que bloqueen la visión y garantizar que no haya alambrados, pastoreo ni obstáculos que puedan aumentar el riesgo de accidentes.
Algunos municipios ya avanzaron con experiencias similares en franjas adyacentes. En 9 de Julio, por ejemplo, se lanzó una convocatoria a productores frentistas para sembrar sectores próximos a la Ruta Provincial 65, bajo el esquema previsto por la normativa vigente. Allí se remarcó que los permisos deben respetar criterios técnicos, buenas prácticas agrícolas y límites fijados por Vialidad.
En paralelo, dentro del bloque de Fuerza Patria también existe otro proyecto impulsado por el diputado Alejandro Acerbo, ex intendente de Daireaux, orientado a modificar las condiciones de uso y administración de las tierras adyacentes a rutas provinciales. La coincidencia de iniciativas muestra que el tema empieza a instalarse como una alternativa para dar aire financiero a los municipios del interior bonaerense.
La propuesta abre una discusión de fondo: hasta dónde pueden los municipios aprovechar recursos ociosos sin afectar la seguridad vial ni desnaturalizar el uso público de las rutas. En esa tensión se jugará el futuro del proyecto, que combina una necesidad fiscal urgente con un debate técnico y legal sensible para la provincia.
