Jujuy: detención polémica
Organizaciones campesinas y referentes de izquierda denunciaron que Franco Oscari fue detenido por la Policía Federal en Palma Sola, a partir de una causa iniciada por una supuesta amenaza contra Patricia Bullrich. Reclaman su liberación inmediata y hablan de persecución política.
La detención de Franco Matías Javier Oscari, trabajador campesino de Jujuy, generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, rurales y de derechos humanos, que denunciaron un operativo irregular y exigieron su inmediata liberación.
Según informó el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Oscari fue detenido durante la madrugada en el paraje Las Goteras, en la zona de Palma Sola, departamento Santa Bárbara. El procedimiento habría comenzado alrededor de las 5 de la mañana y fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina.
La causa estaría vinculada a una presunta amenaza contra Patricia Bullrich a través de redes sociales. Desde las organizaciones que acompañan a la familia sostienen, en cambio, que se trató de una opinión publicada en Facebook y cuestionan que se haya dispuesto una detención sobre una persona con arraigo familiar, territorial y laboral.
El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sumó otro elemento de cuestionamiento entre los sectores que denuncian la medida. Para las organizaciones campesinas, el traslado de una causa federal desde Buenos Aires hasta una comunidad rural jujeña expresa un uso desproporcionado del aparato estatal.
En ese marco, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, denunció públicamente que la detención de Oscari constituye un hecho de persecución política. “Urgente desde Jujuy: detuvieron a un campesino por criticar a Bullrich. Libertad ya a Franco Oscari”, planteó, al advertir que el operativo buscó disciplinar a quienes cuestionan al Gobierno y a los campesinos que defienden la tierra.
Solano sostuvo además que la intervención de la Policía Federal a las 5 de la mañana en Palma Sola fue un “allanamiento irregular” y acusó a Patricia Bullrich de utilizar el aparato estatal para avanzar contra un trabajador rural ubicado a miles de kilómetros de Buenos Aires. “Quieren usar el Estado para adoctrinar, amordazar al pueblo y avanzar contra los campesinos que defienden la tierra que les quieren arrebatar”, expresó.
La detención también fue leída en clave territorial. Dirigentes campesinos señalaron que Oscari integra una familia y una comunidad que vienen sosteniendo reclamos por la tierra en la región. Por eso, advirtieron que el caso no puede separarse del conflicto rural y del intento de disciplinamiento contra quienes resisten desalojos o defienden su lugar de vida y trabajo.
Familiares, organizaciones campesinas y referentes políticos reclamaron garantías judiciales, revisión urgente de la detención y el cese de cualquier forma de persecución por expresiones políticas en redes sociales. Además, convocaron a movilizarse en Jujuy para acompañar el pedido de libertad.
El caso vuelve a abrir una discusión sensible sobre los límites entre una amenaza real, una expresión política crítica y el uso de herramientas penales contra ciudadanos comunes. Mientras no se conozcan mayores detalles del expediente, el reclamo central de las organizaciones es claro: libertad inmediata a Franco Oscari y respeto al derecho a expresarse sin persecución.
