Kicillof se despegó de la funcionaria detenida por una estafa de $27 mil millones
El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a aclarar que Albertina Mangini, la mujer detenida en una investigación por una presunta maniobra de lavado de dinero por unos $27.000 millones, no pertenece ni perteneció a su Gobierno y sostuvo que se trata de una empleada del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
La aclaración llegó después de que distintas publicaciones presentaran inicialmente a Mangini como una “funcionaria de Kicillof” por las tareas que desarrollaba en una oficina vinculada al Patronato de Liberados.
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, señaló el gobernador a través de sus redes sociales.
Mangini es abogada e integrante de la Procuración General bonaerense. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, quien la imputó por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes vinculados con la habitualidad de la maniobra y su condición de funcionaria pública.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización habría utilizado datos personales y biométricos de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero proveniente del juego clandestino. Parte de las personas utilizadas para crear esas cuentas se encontrarían en condiciones de vulnerabilidad.
La investigación sostiene que los involucrados habrían captado personas a cambio de dinero para obtener fotografías, documentos y datos biométricos. Con esa información se abrían cuentas digitales que posteriormente eran utilizadas para recibir, fragmentar y transferir fondos, mediante una metodología conocida como “pitufeo”, destinada a dificultar la trazabilidad del dinero.
El volumen total de las operaciones investigadas ascendería a unos $27.000 millones.
Además de Mangini fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, en los que se secuestraron dinero en efectivo y un automóvil BMW.
Mangini y Perrota se negaron a declarar durante sus respectivas indagatorias, mientras que Marchioni sostuvo que desarrollaba actividades de corretaje e inversiones.
La causa continúa ahora con el análisis de movimientos financieros, documentación y dispositivos secuestrados para determinar el funcionamiento de la presunta organización, establecer el destino final del dinero e identificar las responsabilidades individuales de cada uno de los investigados.
La aclaración de Kicillof introduce además una distinción institucional relevante: aunque Mangini desempeñaba funciones en un ámbito relacionado con el Patronato de Liberados, el Gobierno bonaerense sostiene que su relación laboral correspondía al Poder Judicial y no al Ministerio de Justicia provincial.
