PAMI: 28 clínicas suspenden la atención
La crisis del PAMI coloca en primer plano la responsabilidad política del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Bajo su conducción de la política sanitaria nacional, el conflicto con los prestadores privados se profundizó durante meses sin que el Gobierno lograra recomponer los aranceles ni evitar la reducción de servicios.
Ahora, 28 clínicas y sanatorios de cuatro provincias anuncian que dejarán de atender durante 24 horas a los afiliados de la principal obra social de jubilados del país, una situación que transforma un problema presupuestario en una amenaza concreta para el acceso a la salud de miles de adultos mayores.
“No pasó ni en 2001”. La frase de un empresario sanatorial resume el nivel de tensión que atraviesa la relación entre el PAMI y las clínicas privadas de la Patagonia. Veintiocho instituciones de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunciaron que el próximo lunes 24 de agosto suspenderán durante 24 horas la atención de los afiliados de la obra social.
La medida podría afectar a cerca de 300.000 jubilados y pensionados y constituye una nueva escalada de un conflicto que lleva varios meses. Desde junio, distintos prestadores ya venían restringiendo consultas de guardia, recepción de derivaciones y programación de determinadas cirugías.
El reclamo tiene como eje el atraso de los aranceles que paga el PAMI. Las clínicas sostienen que en los últimos dos años y medio la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras que los valores reconocidos por la obra social aumentaron 143%. Según los prestadores, ese desfasaje produjo una pérdida muy significativa del valor real de las prestaciones.
La situación se agravó durante 2026. La inflación acumulada entre enero y julio fue del 19,3%, según el INDEC, mientras que los prestadores aseguran que el incremento comprometido por el PAMI para este año rondará apenas el 6% y terminará de percibirse en octubre.
Prestaciones que cuestan más de lo que paga PAMI
Las clínicas advierten que algunos módulos reconocidos por la obra social ya no alcanzan siquiera para cubrir los insumos utilizados durante determinadas prácticas.
El problema aparece con especial gravedad en procedimientos de urología, neurocirugía y endoscopía. En algunos casos, sostienen, el costo del material descartable supera lo que PAMI paga por toda la prestación.
El sistema utilizado en la región funciona por módulos: una suma determinada debe cubrir en conjunto honorarios médicos, enfermería, medicamentos, descartables, quirófano, estudios, alimentación, internación e infraestructura.
Ya en junio los prestadores habían puesto como ejemplo la atención de guardia, cuyo módulo rondaba los $70.000 e incluía no sólo la consulta médica sino también prácticas de enfermería, laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas, materiales y determinados medicamentos.
Cuando esos valores quedan por debajo del costo efectivo, sostienen las clínicas, cada prestación genera una pérdida que termina comprometiendo la continuidad del servicio.
Un conflicto que viene escalando desde abril
La suspensión anunciada para el 24 de agosto no apareció de manera repentina.
En abril las instituciones ya habían advertido que el deterioro de los aranceles hacía inviable sostener determinados servicios. Luego hubo negociaciones con el PAMI y una tregua temporaria.
En mayo, los prestadores levantaron algunas restricciones mientras esperaban una propuesta de recomposición. Pero las diferencias continuaron y, a comienzos de junio, volvieron a limitar las guardias, manteniendo las emergencias de riesgo de vida.
También comenzaron las restricciones para determinadas derivaciones y cirugías programadas. Ahora, por primera vez en este conflicto, las instituciones anunciaron una suspensión total de prestaciones durante una jornada completa.
28 clínicas y unos 300.000 afiliados
El reclamo involucra a centros asistenciales de las cuatro provincias.
En Río Negro participan, entre otros, Clínica Viedma, Sanatorio Austral, Sanatorio Juan XXIII, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Central, Clínica Roca, Policlínico Privado, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.
En Neuquén se sumaron ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco; en Chubut, Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.
En La Pampa participan Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación FAERAC.
Los prestadores aseguran que el sector privado absorbe alrededor del 65% de la atención sanitaria de la región y sostiene más de 10.000 puestos de trabajo directos. En varias de estas instituciones, además, los afiliados del PAMI representan entre una cuarta parte y más de la mitad de la actividad.
La crisis puede trasladarse a los hospitales públicos
El conflicto excede a las clínicas privadas. Una interrupción prolongada de prestaciones puede derivar pacientes hacia hospitales provinciales y municipales, incrementando la presión sobre sistemas públicos que también trabajan con alta demanda.
Por ese motivo, los prestadores ya habían convocado a los ministros de Salud de las cuatro provincias para analizar las consecuencias que una profundización del conflicto podría tener sobre toda la red sanitaria regional.
Las instituciones aseguran que no pretenden que los jubilados financien la diferencia pagando las prestaciones de su bolsillo, sino conseguir una recomposición progresiva de los valores reconocidos por el PAMI.
PAMI reconoció el “estrés presupuestario”
Cuando el conflicto se profundizó en junio, desde el PAMI señalaron que estaban analizando el reclamo y que continuarían negociando alternativas con las clínicas dentro de un contexto que el propio organismo definió como de “estrés presupuestario”.
También argumentaron que la Patagonia históricamente contó con un nomenclador superior al de otras regiones del país y aseguraron que el Instituto había realizado esfuerzos para mantener esa diferenciación.
Sin embargo, más de dos meses después, las negociaciones no consiguieron evitar el anuncio del corte del 24 de agosto.
Lugones, en el centro de los cuestionamientos
La extensión del conflicto y su impacto sobre los jubilados vuelve a colocar bajo presión al ministro Mario Lugones y a la política sanitaria del Gobierno nacional.
Después de meses de advertencias de clínicas y sanatorios, las medidas pasaron de los reclamos administrativos a restricciones de guardias, cirugías y derivaciones, hasta desembocar ahora en una suspensión total durante 24 horas.
Para los prestadores, el problema ya dejó de ser exclusivamente financiero. Cuando atender a un afiliado implica trabajar por debajo del costo, la falta de actualización presupuestaria termina trasladándose directamente a la posibilidad de recibir atención médica.
El lunes 24 de agosto será una fecha clave. Si no aparece una propuesta capaz de destrabar el conflicto, unos 300.000 afiliados del PAMI de cuatro provincias quedarán alcanzados por una protesta de una magnitud que los propios prestadores califican como inédita.
