Discapacidad: el Gobierno aumentó 2,1% el nomenclador
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad. La suba correspondiente a agosto será del 2,1% y se aplicará de manera uniforme a todas las modalidades comprendidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El incremento replica la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio y continúa con el mecanismo de actualizaciones mensuales que comenzó a aplicarse durante este año. En julio, el aumento había sido del 1,9%.
Entre los nuevos valores, un Centro de Día categoría A con jornada doble pasa a $1.101.566,06. Para la categoría B, un Hogar con Centro Educativo Terapéutico permanente alcanza los $2.824.518,71 y una Residencia Permanente queda en $1.133.384,56. En categoría C, el Hogar Permanente se fija en $1.383.759,91.
La resolución también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, en concepto de zona desfavorable.
Una emergencia que sigue generando reclamos
La actualización se produce cuando continúa la disputa alrededor de la aplicación efectiva de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras con los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto.
Después de una intervención judicial, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley en febrero de 2026. Desde entonces se implementaron distintos mecanismos previstos en la norma, entre ellos las actualizaciones mensuales del nomenclador y el procedimiento para reclamar la compensación extraordinaria destinada a prestadores.
Sin embargo, organizaciones del sector y prestadores sostienen que el cumplimiento continúa siendo parcial. Uno de los principales puntos de conflicto es precisamente la compensación de emergencia establecida en el artículo 13 de la ley, que debe cubrir la diferencia acumulada entre los aumentos otorgados a los aranceles durante el período diciembre de 2023-diciembre de 2024 y la inflación registrada en ese mismo lapso.
El propio Gobierno había informado ante el Congreso que se encontraban en proceso más de 21.700 expedientes correspondientes a pedidos de compensación. Prestadores y organizaciones reclaman que esas diferencias sean efectivamente liquidadas y pagadas y advierten que los valores actuales todavía no permiten recomponer el atraso acumulado durante los primeros años de la gestión de Milei.
Así, mientras el Ejecutivo presenta el aumento mensual del 2,1% como parte del cumplimiento de la Ley de Emergencia, desde el sector advierten que acompañar desde ahora el IPC no resuelve por sí solo la pérdida acumulada ni garantiza la recuperación financiera de instituciones y profesionales.
