Familias marcharon al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Discapacidad
Familias de personas con discapacidad, prestadores y organizaciones del sector se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para reclamar que el Gobierno cumpla plenamente con la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y para exigir que su vigencia sea prorrogada hasta fines de 2027.
La protesta fue convocada por el Foro Permanente de Discapacidad y se desarrolló en la Plaza del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía el futuro de la emergencia. El reclamo puso nuevamente en primer plano la situación de centros de atención, profesionales y familias que denuncian atrasos en los pagos y dificultades para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Diputados aceleró el tratamiento
Durante la sesión, la Cámara baja aprobó por 249 votos afirmativos el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el proyecto que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El cronograma fijado contempla una primera reunión informativa para el miércoles 16 de septiembre y un nuevo encuentro el 23, fecha en la que se buscará avanzar con la firma de un dictamen.
La amplia mayoría incluyó también a diputados del oficialismo y sus aliados, en una jornada en la que la oposición consiguió imponer el tratamiento tanto de la problemática de discapacidad como de otros temas sociales que generan presión sobre el Gobierno.
Prestaciones impagas y centros que cierran
Uno de los principales reclamos de las familias apunta a la falta de actualización de los aranceles y a las demoras en los pagos a profesionales e instituciones.
Padres y madres que participaron de la movilización aseguraron que existen terapeutas y prestadores que acumulan pagos pendientes desde abril y advirtieron que esta situación pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables para niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
También alertaron sobre centros de día que dejaron de funcionar y servicios de transporte que comenzaron a reducir recorridos ante la imposibilidad de sostener los costos.
Las organizaciones sostienen que la crisis no se limita a una cuestión administrativa, sino que afecta directamente derechos vinculados con la salud, la educación, la rehabilitación y la integración social.
Reclaman que la ley se aplique por completo
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue publicada en septiembre de 2025 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, las organizaciones denuncian que varios de sus puntos siguen sin aplicarse plenamente.
Entre los cuestionamientos aparecen la falta del estudio de costos previsto en la norma, pensiones todavía pendientes, compensaciones de emergencia que no habrían sido abonadas y la ausencia de una actualización suficiente de las prestaciones.
El Gobierno reglamentó parcialmente la normativa durante este año y trasladó la política de discapacidad al Ministerio de Salud, pero desde el sector sostienen que todavía quedan aspectos centrales sin resolver, especialmente los vinculados con el financiamiento.
La movilización porteña tuvo además réplicas en distintas provincias, mostrando que el reclamo por la emergencia en discapacidad volvió a instalarse como uno de los principales conflictos sociales que deberá afrontar el Congreso durante septiembre.
