Dos proyectos buscan terminar con el libre deuda para renovar el registro en la Provincia
La Legislatura bonaerense comenzó a discutir iniciativas para separar el cobro de multas de tránsito del otorgamiento o renovación de la licencia de conducir. La propuesta sostiene que las deudas deben cobrarse por las vías legales correspondientes, pero no utilizarse como impedimento para acceder al registro. Actualmente, la Provincia todavía exige el pago de infracciones municipales con sentencia firme.
La obligación de cancelar determinadas multas de tránsito para poder obtener o renovar la licencia de conducir podría modificarse en la provincia de Buenos Aires. Distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados bonaerense apuntan a eliminar el libre deuda como requisito para realizar el trámite.
Una de las iniciativas fue impulsada desde La Libertad Avanza y atribuida al diputado provincial Juan Osaba. El planteo busca modificar la Ley Provincial de Tránsito 13.927 para establecer una separación entre la capacidad de una persona para conducir y las obligaciones económicas que pueda mantener con el Estado.
El argumento central es que una multa o una deuda tributaria no determina por sí misma si una persona reúne o no las condiciones necesarias para manejar un vehículo.
La deuda seguiría existiendo
La modificación no significaría eliminar las multas ni impedir que el Estado las cobre.
Por el contrario, el criterio de los proyectos es que las infracciones que se encuentren firmes deben ser reclamadas mediante los mecanismos administrativos o judiciales previstos para el cobro de deudas, pero sin utilizar la licencia de conducir como herramienta para forzar su cancelación.
La iniciativa atribuida a Osaba establece además que las actas de infracción todavía en trámite y las multas que no cuenten con sentencia firme y ejecutoriada no deberían impedir la obtención o renovación del registro. El organismo emisor podría informar al conductor sobre esos antecedentes, pero no bloquear el trámite por esa razón.
La UCR presentó un proyecto en el mismo sentido
La discusión atraviesa también a otros bloques políticos.
La base oficial de la Cámara de Diputados bonaerense registra el expediente D-1916/26-27, presentado por el diputado radical Valentín Miranda, que propone modificar también el artículo 8 de la Ley 13.927.
La iniciativa establece que no podrá exigirse la cancelación previa de multas para otorgar o renovar una licencia cuando las infracciones no tengan sentencia firme de un juez competente o no hayan sido consentidas. También dispone que el Estado deberá perseguir esas deudas por la vía judicial correspondiente.
El proyecto ingresó el 28 de mayo, tomó estado parlamentario el 11 de junio y fue girado a las comisiones de Transporte, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia. Hasta el momento no registra despacho de comisión.
Qué se exige actualmente
Mientras las iniciativas no sean aprobadas, el régimen vigente continúa aplicándose.
La información oficial de la Provincia establece entre los requisitos generales para tramitar la licencia el pago de las infracciones municipales de tránsito que tengan sentencia firme y la presentación del correspondiente certificado de libre deuda municipal.
También se exige el pago del Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), entre otros requisitos.
Un antecedente judicial en Morón
La discusión tiene además un antecedente judicial relevante.
En 2021, el Tribunal en lo Criminal N° 6 de Morón hizo lugar a un amparo presentado por un vecino al que se le impedía renovar su licencia debido a infracciones pendientes.
El tribunal declaró inconstitucional, para ese caso concreto, la exigencia de pagar las multas como condición para continuar con el trámite y ordenó al Municipio de Morón permitir la renovación. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín posteriormente rechazó la apelación municipal, por lo que la decisión quedó firme para el demandante.
Uno de los argumentos centrales de aquella sentencia fue que la existencia de una deuda no necesariamente guarda relación con la aptitud de una persona para conducir y que el Estado dispone de otras herramientas para reclamar judicialmente los montos adeudados.
Una discusión sobre seguridad vial y capacidad de pago
Los impulsores de las reformas sostienen además que el sistema actual puede generar una diferencia basada en la capacidad económica del infractor: quien dispone del dinero para pagar las multas puede renovar inmediatamente su licencia, mientras que quien no puede afrontar la deuda queda impedido de obtenerla, aunque ambos hayan cometido infracciones similares.
La discusión legislativa no apunta, por lo tanto, a eliminar las sanciones de tránsito. El cambio consiste en separar dos cuestiones: por un lado, la habilitación de una persona para conducir y, por otro, la obligación de pagar una multa.
Si alguno de los proyectos avanza, la Provincia podría dejar de utilizar el libre deuda como una barrera para el otorgamiento o renovación del registro y trasladar definitivamente el cobro de las infracciones a los mecanismos administrativos y judiciales previstos para ese fin.
