Puerto de Ushuaia: crecen las denuncias contra la intervención nacional
A casi siete meses de la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, crecen las denuncias de trabajadores y autoridades fueguinas sobre el manejo de los recursos, las contrataciones realizadas y el desplazamiento del personal provincial. Un informe televisivo difundido por C5N volvió a poner el conflicto en el centro de la escena y calificó la medida como una apropiación de una terminal estratégica que genera ingresos millonarios.
El Gobierno nacional tomó el control operativo, técnico y administrativo del puerto en enero mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La intervención fue establecida por doce meses, con posibilidad de prórroga.
La Nación justificó la decisión por presuntas irregularidades financieras, utilización de recursos portuarios para gastos ajenos a la terminal y deficiencias de infraestructura que, según el organismo, comprometían la seguridad de las operaciones.
Desde Tierra del Fuego rechazan esos argumentos. El gobernador Gustavo Melella sostiene desde el comienzo del conflicto que la intervención es ilegal, vulnera la autonomía provincial y constituye un avance de la Nación sobre recursos que pertenecen a los fueguinos.
Una terminal estratégica y una caja millonaria
El Puerto de Ushuaia tiene una importancia económica y geopolítica excepcional por su ubicación sobre el Canal Beagle, su cercanía con la Antártida y su papel como centro logístico para cruceros, embarcaciones científicas, buques pesqueros y operaciones de carga.
La terminal recibe cientos de embarcaciones por año y constituye una de las principales puertas de entrada del turismo antártico.
El informe difundido por C5N estimó que su actividad genera recursos por alrededor de $22.000 millones anuales y cuestionó la falta de información pública detallada sobre el destino de esa recaudación desde que la administración quedó bajo control nacional.
La discusión sobre esos fondos constituye uno de los principales puntos del conflicto. La Nación había argumentado al intervenir que una parte de los ingresos obtenidos por la Dirección Provincial de Puertos había sido destinada a cubrir otros gastos del Estado fueguino, cuando deberían haber sido reinvertidos en la terminal.
Los trabajadores y el Gobierno provincial, en cambio, reclaman ahora que la ANPyN transparente las cuentas, contrataciones y movimientos de fondos realizados desde enero.
Trabajadores desplazados
Otro eje de la controversia es la situación laboral.
La Dirección Provincial de Puertos cuenta con alrededor de 140 trabajadores y una parte importante de ellos dejó de cumplir funciones dentro de la terminal después de la intervención.
Empleados de planta permanente denunciaron que personal provincial con experiencia y habilitación para operar maquinaria fue desplazado mientras la administración nacional incorporó trabajadores externos y contrató servicios que anteriormente eran realizados por empleados del propio puerto.
Los representantes gremiales advierten además que la Provincia continúa pagando los salarios de su personal con fondos propios mientras la intervención nacional utiliza recursos de la operatoria portuaria para contratar otros trabajadores y prestadores.
La situación genera preocupación por la continuidad laboral y por la capacidad financiera de la Dirección Provincial de Puertos para seguir sosteniendo aproximadamente 140 familias si permanece privada de la recaudación de la terminal.
Denuncias por contrataciones
El informe televisivo también puso el foco sobre distintas contrataciones realizadas durante la intervención.
Uno de los casos mencionados corresponde al servicio de limpieza. C5N sostuvo que un servicio que anteriormente representaba un gasto cercano a $6,5 millones pasó a involucrar una contratación por $563 millones para un período de seis meses.
La cifra generó fuertes cuestionamientos y pedidos de explicaciones, aunque la existencia de diferencias en plazos, alcance de las prestaciones y condiciones contractuales obliga a analizar la documentación completa antes de establecer una comparación directa entre ambos montos.
Los trabajadores también reclaman información sobre contrataciones de personal, operación de maquinaria y proveedores incorporados durante estos meses.
Parte de esos pedidos ya fue trasladada al ámbito judicial mediante reclamos de acceso a la información.
La Nación asegura que está invirtiendo
La ANPyN rechaza las críticas y sostiene que la intervención permitió comenzar a resolver problemas estructurales que habían sido postergados.
Durante junio recibió cinco ofertas para reemplazar las defensas del muelle y posteriormente adjudicó las obras. El proyecto prevé retirar los equipos existentes e instalar 75 nuevas defensas, además de realizar reparaciones en vigas y cabezales de hormigón.
El plan oficial incluye también la modernización del sistema de videovigilancia, la renovación de instalaciones eléctricas y de provisión de agua y trabajos sobre pilotes y estructuras de distintos sectores del muelle.
La Agencia sostiene que las obras son financiadas con recursos generados por el propio puerto y asegura que logró mantener la operatoria con una dotación de personal considerablemente menor que la utilizada anteriormente.
La próxima temporada de cruceros será una prueba decisiva. La temporada 2025/2026 terminó con 495 recaladas y la ANPyN proyecta para 2026/2027 alrededor de 515.
La disputa llegó a la Corte Suprema
El conflicto no es solamente político y administrativo. Tierra del Fuego llevó la intervención a la Justicia y pidió que se declare inconstitucional la Resolución 4/2026.
El planteo sostiene que el Gobierno nacional carecía de facultades para desplazar a la Provincia de la administración de la terminal y que la medida vulneró el federalismo y la autonomía fueguina.
La discusión principal llegó a la Corte Suprema de Justicia, mientras otros aspectos del conflicto continúan tramitándose en instancias federales.
Hasta que exista una resolución judicial definitiva, la intervención nacional permanece vigente.
El puerto y la disputa por el Atlántico Sur
La controversia adquirió además una dimensión geopolítica por la ubicación de Ushuaia y su papel como puerta de entrada a la Antártida.
Sectores políticos fueguinos y opositores vinculan la intervención con el interés estratégico creciente sobre el extremo sur argentino y con el acercamiento del Gobierno de Javier Milei a Estados Unidos.
Esas sospechas no forman parte de los fundamentos oficiales de la intervención y hasta el momento no existe una decisión pública que implique transferir el Puerto de Ushuaia a Estados Unidos o a una administración extranjera.
Sin embargo, la combinación entre su ubicación, el desarrollo de infraestructura logística y militar en la zona y el valor estratégico del acceso a la Antártida profundizó el debate político alrededor del control de la terminal.
Mientras la Nación sostiene que asumió la administración para corregir irregularidades e invertir en infraestructura, el Gobierno fueguino y los trabajadores denuncian un despojo de recursos y exigen que el puerto vuelva a manos provinciales.
A siete meses del inicio de la intervención, la disputa continúa abierta: están en juego una recaudación millonaria, el futuro laboral de los trabajadores, la autonomía provincial y el control de uno de los puertos estratégicamente más importantes del Atlántico Sur.
