Agenda de auxilio
Tras bloquear la sesión opositora por Adorni, el oficialismo busca retomar la iniciativa en Diputados con el Súper RIGI y el pago de USD 171 millones a fondos holdouts.
El Gobierno intentará recuperar el control de la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados luego de haber frenado la sesión especial impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La sesión convocada para este miércoles tiene como temas centrales la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, y la autorización para concretar el pago a acreedores que aún mantienen reclamos por títulos de la deuda defaulteada en 2001.
El Súper RIGI apunta a promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados estratégicos o de futuro, como baterías de litio, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.
El proyecto contempla beneficios tributarios, aduaneros y regulatorios. Entre ellos, una alícuota especial del 15% en Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, arancel cero para importaciones, eliminación de retenciones a las exportaciones y estabilidad regulatoria por 30 años.
Para conseguir apoyo de bloques aliados, el oficialismo incorporó modificaciones al dictamen. Entre ellas, una cláusula para computar por el doble las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas al proyecto, aunque con un límite del 20% del monto mínimo exigido. También se sumó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso mínimo del 20% de las adquisiciones de bienes y servicios, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado.
Otro punto agregado exige que los proyectos cuenten con un informe técnico sobre sustentabilidad ambiental, impacto social y capacidad de infraestructura en la zona de influencia.
El segundo tema clave será la ratificación del acuerdo para pagar USD 171 millones a fondos holdouts. La iniciativa ya obtuvo media sanción del Senado y debe aprobarse antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento alcanzado en la Justicia de Estados Unidos.
El acuerdo incluye un pago de USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según el Gobierno, la aprobación permitirá dejar sin efecto medidas de ejecución de embargos contra activos soberanos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
La sesión llega después de una negociación política entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas. Esos sectores no dieron quórum para tratar la interpelación a Adorni, y ahora aparecen como piezas decisivas para habilitar el tratamiento de la agenda económica oficial.
En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios, aunque admiten que los números son ajustados. Incluso se evaluaba que Adrián Ravier, designado nuevo vocero presidencial, conserve su banca hasta después de la sesión para aportar al quórum y a la votación.
La discusión parlamentaria muestra el doble movimiento del Gobierno: evitar una derrota política por el caso Adorni y, al mismo tiempo, instalar nuevamente una agenda económica basada en incentivos a grandes inversiones, acuerdos con acreedores externos y señales hacia los mercados.
