Gabriela Estévez alertó por la crisis de los alquileres
La diputada nacional de Unión por la Patria cuestionó la derogación de la Ley de Alquileres y responsabilizó al Gobierno por el deterioro de la situación habitacional. Según los últimos datos, casi el 73% de los inquilinos mantiene deudas activas y uno de cada cinco hogares debió mudarse por razones económicas.
La diputada nacional de Unión por la Patria Gabriela Estévez alertó sobre el agravamiento de la crisis habitacional y sostuvo que la situación de las personas que alquilan se volvió “insostenible” como consecuencia de la pérdida de ingresos, la falta de empleo y la ausencia de regulaciones que protejan a los inquilinos.
La legisladora hizo referencia a los últimos datos del índice de vulnerabilidad habitacional, que revelaron que el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, mientras que el 29,7% atraviesa una situación de emergencia habitacional.
El relevamiento también indicó que el 20% de los hogares debió abandonar su vivienda por no poder afrontar el alquiler. Además, casi la mitad de los inquilinos destina el 50% o más de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda.
“Los libertarios aseguraban que con la derogación de la Ley de Alquileres la situación iba a mejorar. Por el contrario, dejaron sin protección a millones de inquilinos, que ahora deben aceptar condiciones y aumentos abusivos”, cuestionó Estévez.
La diputada señaló que la liberalización del mercado no estuvo acompañada por una recuperación de los salarios ni por políticas destinadas a ampliar el acceso a la vivienda. Por el contrario, remarcó que muchas familias enfrentan incrementos de alquiler por encima de sus ingresos, mientras otras sufren directamente las consecuencias de la pérdida del empleo.
Para Estévez, la combinación entre alquileres elevados, caída del poder adquisitivo y aumento del endeudamiento familiar configura un escenario crítico.
“La combinación es letal. Y, tal como pasa en todos los temas, no hay ninguna intención por parte del Gobierno nacional de salir en ayuda de quienes se ven perjudicados por estas políticas”, afirmó.
La legisladora reclamó que el Estado vuelva a intervenir con medidas que protejan a los inquilinos, establezcan condiciones previsibles para los contratos y eviten que el acceso a una vivienda dependa exclusivamente de la capacidad de negociación individual frente a los propietarios.
Los datos muestran que la crisis ya no se limita a las dificultades para renovar un contrato o afrontar una actualización. Para una proporción creciente de hogares, el alquiler consume la mayor parte de los ingresos, genera endeudamiento y amenaza directamente la continuidad de la vivienda familiar.
