Milei avanza con su “ICE argentino” y endurece la política migratoria
El Gobierno creó Unidades de Seguridad Migratoria dentro de las fuerzas federales para reforzar los controles fronterizos, combatir delitos vinculados a la inmigración irregular y fortalecer la detección de organizaciones criminales transnacionales. La medida fue celebrada por sectores que reclaman mayores controles, pero también despertó críticas de organismos de derechos humanos y especialistas en migraciones.
El gobierno de Javier Milei profundizó su política de endurecimiento migratorio con la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, nuevos equipos especializados que funcionarán dentro de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La iniciativa fue presentada como una herramienta destinada a fortalecer la seguridad en las fronteras, prevenir delitos migratorios, detectar documentación falsa, identificar ingresos irregulares al país y colaborar en investigaciones relacionadas con trata de personas, narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
La medida fue rápidamente comparada por dirigentes opositores y organizaciones sociales con el modelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo encargado de la persecución de delitos migratorios y de la localización de personas con situación irregular en territorio estadounidense.
Durante la presentación de la iniciativa, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el nuevo esquema y afirmó: “Quien no cumple la ley, no entra. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que las nuevas unidades buscarán mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Migraciones, incrementando la capacidad operativa del Estado para controlar pasos fronterizos y combatir delitos complejos vinculados con el crimen organizado.
La decisión se suma a una serie de modificaciones impulsadas por la administración libertaria durante los últimos meses. Entre ellas se destacan el endurecimiento de los requisitos de ingreso al país, la ampliación de causales de expulsión para extranjeros condenados por delitos y mayores controles sobre antecedentes penales y documentación migratoria.
Para el oficialismo, estas medidas responden a la necesidad de recuperar el control efectivo de las fronteras y evitar que organizaciones criminales aprovechen debilidades del sistema migratorio argentino. Funcionarios nacionales sostienen que el país debe contar con herramientas similares a las utilizadas por otras naciones para enfrentar fenómenos vinculados al narcotráfico, la trata y el tráfico ilegal de personas.
Sin embargo, la iniciativa también generó cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de migrantes y especialistas en políticas migratorias advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la migración y de instalar una asociación directa entre inmigración y delincuencia.
Desde estos sectores recuerdan que la inmensa mayoría de los extranjeros que llegan a la Argentina lo hacen para trabajar, estudiar o reunirse con sus familias, y señalan que los controles migratorios deben desarrollarse respetando los estándares internacionales de derechos humanos y las garantías constitucionales.
Algunos especialistas también advirtieron que el fortalecimiento de los mecanismos de control debe ir acompañado por políticas de integración y regularización migratoria, evitando prácticas que puedan derivar en discriminación o persecución de comunidades extranjeras.
Pese a las críticas, el Gobierno ratificó el rumbo adoptado y aseguró que las nuevas unidades actuarán exclusivamente contra quienes incumplan la normativa vigente o participen de actividades delictivas. Para la Casa Rosada, el control migratorio se consolidó como uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad impulsada por Javier Milei.
La creación de estas unidades abre así un nuevo capítulo en el debate sobre migración y seguridad en la Argentina. Mientras el oficialismo las presenta como una herramienta indispensable para combatir el crimen organizado, sus detractores advierten que el desafío será garantizar que la búsqueda de mayor control no implique retrocesos en materia de derechos y garantías para la población migrante.
