Jorge Macri apelará el fallo que frenó los desalojos administrativos en la Ciudad
El Gobierno porteño cuestionó la medida cautelar del juez Roberto Gallardo que limita los desalojos de inmuebles ocupados y sostiene que la resolución afecta una de las principales políticas de la gestión para la recuperación de propiedades.
La administración de Jorge Macri confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo que restringe los desalojos administrativos de inmuebles ocupados en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial establece que el Ejecutivo porteño no podrá avanzar con clausuras, tapiados o desalojos sin garantizar previamente condiciones técnicas, sociales y habitacionales adecuadas para las personas afectadas.
El fallo fue emitido en el marco de una acción de amparo iniciada tras el tapiado de una vivienda ubicada en la avenida Montes de Oca y posteriormente ampliada con carácter colectivo por organizaciones y legisladores opositores, entre ellos Victoria Freire y Alejandro Salvatierra. Según la resolución, los desalojos sólo podrían concretarse cuando exista un riesgo edilicio real y, aun en esos casos, el Gobierno deberá ofrecer una respuesta habitacional transitoria e inmediata.
Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la medida judicial pone en riesgo la política de recuperación de inmuebles ocupados, una de las iniciativas más promocionadas por la gestión de Macri. De acuerdo con datos oficiales, desde diciembre de 2023 la Ciudad recuperó más de 840 propiedades que se encontraban tomadas u ocupadas irregularmente.
Tras conocerse la resolución, Jorge Macri cuestionó duramente el fallo y defendió la continuidad de los operativos. El mandatario afirmó que la administración continuará impulsando acciones para garantizar el derecho de propiedad y sostuvo que la medida judicial no modificará la orientación general de la política de recuperación de inmuebles.
Los sectores que promovieron el amparo celebraron la decisión judicial y denunciaron que durante los últimos meses el Gobierno porteño habría utilizado procedimientos administrativos para concretar desalojos sin intervención judicial y sin ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables. Según las organizaciones que impulsaron la demanda, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se registraron más de 1.200 personas afectadas por estos procedimientos.
La disputa abre un nuevo capítulo en la histórica tensión entre Gallardo y las administraciones del PRO en la Ciudad. El magistrado ya protagonizó diversos conflictos judiciales con anteriores gobiernos porteños por decisiones vinculadas a políticas urbanas, espacio público y derechos sociales.
Mientras la apelación avanza en los tribunales, el debate vuelve a enfrentar dos posiciones: quienes priorizan la restitución rápida de inmuebles a sus propietarios y quienes sostienen que cualquier proceso de desalojo debe garantizar previamente soluciones habitacionales y la protección de derechos fundamentales para las personas afectadas.
